Comunidad

Congreso de Guanajuato recibe reforma constitucional para nuevo titular de la Fiscalía General del Estado

Esta reforma constitucional pretende quitar candados como el lugar de nacimiento y la temporalidad mínima de cinco años de residencia.

Avalada por cuatro de las cinco fuerzas parlamentarias en el Congreso del estado de Guanajuato, a excepción de Morena; se presentó este viernes la iniciativa de reforma constitucional que pretende quitar candados como el lugar de nacimiento y la temporalidad mínima de cinco años de residencia, a quien busque ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Si bien la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, derivado de que la aprobación de una reforma constitucional requiere su remisión a los 46 gobiernos municipales, por lo que se ve poco probable que a semanas de concluir la actual legislatura se logre aprobar. Por lo que será tarea de la próxima integración del Congreso.

Sobre la propuesta de reforma, la justificación explica que actualmente la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece requisitos específicos para el cargo de fiscal general. Tal es el caso de ser mexicano por nacimiento y originario del estado o haber residido en él de manera efectiva durante al menos cinco años.

No obstante, esta requeriría ser reevaluada a la luz de los principios de igualdad y no discriminación que tienen relación con los tratados internacionales en derechos humanos ratificados por México. Adicionalmente, ello abre la posibilidad de contar con perfiles óptimos y ampliamente calificados sin que ello implique una limitación por su nacionalidad.


"La posibilidad de contar con un Fiscal General sin restricciones geográficas y temporales amplía el espectro de candidatos potenciales, permitiendo seleccionar a la persona más idónea para el cargo. Esto no solo fortalece la institución del Ministerio Público, sino que también incrementa la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia imparcial y basado en el mérito", expresa el documento.

El documento de propuesta argumenta que la inclusión de personas con trayectoria y experiencia en el puesto podría enriquecer la administración de justicia, al incorporar nuevas perspectivas y enfoques que respondan mejor a las necesidades de una sociedad cada vez más diversa y dinámica.


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