Un censo de migrantes, un programa estatal de protección y fuertes sanciones para los servidores públicos que cometan abusos hacia estos grupos, serán algunos de los aspectos que incluirá una iniciativa de ley que se presentará en el Congreso del Estado la próxima semana.
El pasado jueves se realizó una mesa de trabajo organizada por la Comisión Especial de Asuntos Migratorios, donde se anunció el proyecto, que fue acordado entre legisladores, diferentes instituciones y asociaciones civiles, luego de que se dio a conocer el ingreso de una caravana de hondureños a México.
El coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos, dio detalles sobre los aspectos que contempla esta nueva legislación, la cual sería presentada en el Pleno en los siguientes días.
En primer lugar, se prevén castigos para los funcionarios que incurran en actos de abuso de poder contra personas migrantes, dado que son comunes las extorsiones y la discriminación por parte de las Policías municipales.
“Una de las propuestas de reforma que se presentaría después del análisis que se está haciendo es precisamente eso: hay que sancionar a quien abuse en el ejercicio de sus funciones, de las personas que estén en Nuevo León como migrantes. Tienen derechos, tienen que hacerse valer”, expuso.
Además, dentro de la ley se establecerían atribuciones específicas para las diferentes dependencias de Gobierno, como las secretarías de Salud, Economía y Trabajo, Educación, Seguridad Pública y DIF, así como la Fiscalía General, las cuales brindarían diferentes formas de ayuda a los centroamericanos en tránsito.
En ese sentido, el Gobierno de Nuevo León estaría obligado a implementar un programa estatal de protección a migrantes, a abrir una oficina de atención y realizar un censo.
“(La ley) obliga al Ejecutivo a abrir una oficina que atienda migrantes, que implemente un programa estatal de protección al migrante, y que haya un registro sobre migrantes en el estado, estableciendo a los de tránsito y a los que se quedaron”, explicó Cienfuegos.
En los diálogos se ha expuesto la posibilidad de que el Instituto Nacional de Migración (INM) facilite los trámites para que los migrantes puedan regularizar su estancia en el país y además se integren a la vida productiva.
Sin embargo, para el líder de la fracción priista no es necesario que una legislación sea aprobada para que las instituciones gubernamentales brinden auxilio a los desplazados de Centroamérica.
“Hay que estar preparados, principalmente ahorita es de voluntad, no tenemos que esperar una ley para que las diferentes instituciones hagan su trabajo. Ya sabemos que vienen y hay que prevenirnos”.
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