A cinco años de las protestas que sacudieron Guadalajara tras el asesinato de Giovanni López, la Fiscalía de Jalisco dio carpetazo al caso conocido como el “Halconazo tapatío”, procesando únicamente a tres policías ministeriales por abuso de autoridad contra manifestantes.
El vicefiscal especial ejecutivo en investigación criminal de la Fiscalía de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán, confirmó esta semana que los tres agentes involucrados se acogieron a una salida alterna, la suspensión provisional del proceso.
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Tras cumplir con los lineamientos impuestos por la autoridad judicial, el caso fue legalmente concluido.
"Cumplieron con todos los lineamientos que se les impuso en el momento y, al cumplirla, terminó el asunto”, declaró.
El caso que detonó las protestas ocurrió el 4 de mayo de 2020 en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, con Enrique Alfaro como gobernador del estado. Giovanni López, un albañil de 30 años, fue detenido por policías municipales bajo el argumento de que no portaba cubrebocas en plena pandemia. Al día siguiente, su cuerpo fue entregado a su familia con huellas evidentes de tortura: lesiones en el rostro, traumatismo craneoencefálico y una herida de bala en la pierna.
La causa oficial de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, de acuerdo con la necropsia. Su asesinato fue ocultado por las autoridades municipales durante casi un mes, hasta que el video de su detención se filtró y se viralizó en redes sociales el 2 de junio, generando indignación nacional.
La reacción fue inmediata. Del 4 al 6 de junio de 2020, cientos de personas salieron a las calles de Guadalajara a exigir justicia. Lo que comenzó como una protesta pacífica se convirtió en una represión brutal por parte de la policía estatal y agentes ministeriales vestidos de civiles. Jóvenes manifestantes fueron detenidos sin órdenes judiciales, subidos a camionetas sin placas y llevados a lugares remotos donde fueron golpeados, interrogados, amenazados y abandonados.
Algunas víctimas tardaron horas en encontrar el camino de regreso a casa. Organizaciones civiles y colectivos como CEPAD, 5 de Junio Memoria y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) documentaron más de 80 desapariciones forzadas de corta duración, además de casos de tortura y privación ilegal de la libertad. Sin embargo, las autoridades estatales evitaron reconocer la desaparición forzada como delito y trataron los hechos como simples abusos de autoridad.
Además del cierre del caso por parte de la Fiscalía estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó desde 2021 al menos 28 casos de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles durante las manifestaciones.
El Antimonumento del 5J sigue excluido del espacio público
El Colectivo 5 de Junio Memoria continúa exigiendo justicia y el derecho a ocupar el espacio público con memoria. Su reclamo más reciente es por la reinstalación del antimonumento 5J, retirado en 2023 por las autoridades estatales bajo el argumento, más tarde desmentido por peritajes, de que representaba un “riesgo estructural”.
El antimonumento había sido colocado frente a Palacio de Gobierno como un acto simbólico para denunciar el uso sistemático de la violencia policial y para recordar que Jalisco encabeza la lista nacional de personas desaparecidas, con más de 15 mil casos registrados hasta entonces.
La escultura, de color rojo intenso y forma abstracta, se convirtió en un punto de encuentro para colectivos, familias de víctimas y ciudadanos indignados. Su retiro fue visto como un acto de censura.
“La razón que dieron es que era inseguro, cosa que lo desmintió el perito, el ingeniero que vino a hacer todas las mediciones para checar el anclaje. El INAH también nos dijo que no requeríamos permiso públicamente. La directora se pronunció y dijo que para un antimonumento no se requieren permisos por la naturaleza de la pieza, y aun así el argumento fue que podía caerse y que no había permisos para colocarlo”, explicó Inés, integrante del colectivo.
Aunque un juez resolvió en contra del amparo que presentaron para exigir la reinstalación de la pieza, el colectivo ha interpuesto un recurso de revisión que ya fue aceptado.
“Seguimos todavía en juicio. El amparo se resolvió en nuestra contra e interpusimos un recurso de revisión, justo para que se vea qué fue la resolución del juez en la que no estamos de acuerdo, y precisamente muestra o demuestra que el gobierno no acepta ni la protesta”, puntualizó.
MC
