Cinco años han pasado del Halconazo tapatío, una de las represiones más brutales de protesta social vividas en la historia reciente de Jalisco. Más de 80 personas fueron desaparecidas de forma forzada, muchas torturadas, durante las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos en 2020. Desde entonces la herida sigue abierta: los crímenes siguen impunes, las víctimas continúan exigiendo justicia y memoria, y las autoridades estatales han apostado por el olvido.
Para Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Estado ha fracasado en garantizar verdad, justicia y reparación integral a las víctimas. Lejos de asumir responsabilidades o emprender reformas estructurales, el gobierno ha respondido con simulación, silencio institucional y obstáculos sistemáticos contra quienes luchan por preservar la memoria del 5 de junio.
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“Lamentablemente a cinco años de lo ocurrido vemos que la situación en cuanto al panorama de la protesta social en Jalisco se ha agravado y sobre todo también, lo que ha predominado ha sido la impunidad y las voces de víctimas que cada vez han sido más calladas o con más obstáculos para exigir los derechos han mantenido las exigencias en el espacio público, en la agenda pública, a pesar de varios esfuerzos del estado de olvidar”, compartió a MILENIO.
A las protestas, el gobierno de Jalisco, en ese entonces encabezado por Enrique Alfaro, respondió con detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y la desaparición forzada de decenas de manifestantes. Las violaciones a los derechos humanos no sólo no han sido reconocidas, sino que se han repetido. La represión se convirtió en un patrón institucional.
A decir de Chimiak, un ejemplo claro de esta continuidad fue la respuesta violenta de la policía especializada Atenea a la protesta del Frente Feminista Jalisco, apenas un año después y donde aplicó los mismos métodos de represión de la protesta social. “El uso excesivo de la fuerza, el gas lacrimógeno y además las detenciones arbitrarias de las personas manifestantes”, advierte la codirectora de CEPAD, quien agregó que fue la expresión de una política sistemática de represión, en la que las promesas de protocolos y grupos especializados quedaron en meros anuncios, sin voluntad real de cambio.
Diálogo de simulación
Tras los hechos, ocurridos el 5 de junio, la presión nacional e internacional obligó al Gobierno del Estado a simular un diálogo con víctimas y sociedad civil. Diversas mesas de trabajo fueron instaladas y se anunciaron reformas en protocolos de actuación policial, así como en el sistema de procuración de justicia. Sin embargo, para el CEPAD estos mecanismos han sido mayoritariamente simbólicos y sin resultados concretos. El diálogo fue instrumentalizado con fines políticos, utilizado para deslindar la responsabilidad del Estado y proyectar una falsa imagen de apertura.
El mismo Alfaro llegó a deslindarse de los hechos culpando a “fuerzas políticas” externas por intentar desestabilizar al estado. Reconoció que la Fiscalía pudo haber estado infiltrada por el crimen organizado, señalando que fue “capturada”, sin que ello derivara en consecuencias institucionales y el entonces fiscal Gerardo Octavio Solís permaneció en su cargo durante dos años más, sin sanciones ni investigaciones profundas.
“Han sido más acciones anunciadas de forma coyuntural, superficiales, sin realmente atacar de fondo las causas de la situación ocurrida y sin también aplicar las reformas estructurales correspondientes al sistema de procuración de justicia”, denunció.
Impunidad estructural
De los más de 200 elementos que participaron en los operativos del 5 de junio, municipales y estatales, solo 11 fueron imputados, cuatro vinculados a proceso, y uno sentenciado, pero no por desaparición forzada o tortura, sino por abuso de autoridad. “La investigación fue por parte de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de abuso de autoridad y nunca se reconoció la comisión de desaparición forzada, comisión de tortura”, lamenta Chimiak.
Reprueba que nunca se investigó a los mandos superiores ni se reconoció la cadena de responsabilidad que permitió la comisión de crímenes de lesa humanidad. Aún hoy, no existe una cifra oficial ni clara por parte del Estado sobre cuántas personas fueron desaparecidas y cuántas localizadas, lo que refuerza la narrativa del silencio y la falta de verdad.
Toda la información disponible señala ha sido recabada por organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y periodistas. El gobierno estatal ha optado por minimizar los hechos y rehuir su responsabilidad histórica. El pasado 9 de abril, la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura vinculó a proceso a Héctor Eliab “N”, expolicía de Ixtlahuacán de los Membrillos, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Giovanni, tras ser detenido hace un año en Coahuila.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso y emitió una recomendación 64/2021 dirigida a Enrique Alfaro y al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, José Heriberto García Murillo. El organismo solicitó al entonces gobernador proceder a la reparación integral del daño causado a los familiares de la víctima, además que se realice un estudio técnico-jurídico a efecto de que se agilicen las investigaciones, las diligencias necesarias y se dé cumplimiento a los mandamientos judiciales de aprehensión que se encuentran pendientes por ejecutar. Mientras que al entonces alcalde se le pidió otorgar la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran los familiares de la víctima.
Justicia, una deuda
No hay garantía más efectiva de no repetición que el reconocimiento público de los errores del pasado. Negarse a hacerlo es perpetuar las condiciones que dieron origen a la represión del 5 de junio de 2020. La negación del antimonumento, la simulación del diálogo, la impunidad judicial y la represión sistemática constituyen no solo una falta de voluntad política, sino un encubrimiento deliberado, expresó la codirectora de CEPAD. “No hay un mensaje más contundente por parte de las autoridades de demostrar que no se quieren repetir este tipo de actos depresivos, que estar del lado de las víctimas y reconocer lo ocurrido y además abonar al no olvido de lo que pasó”.
SRN
