Los Capacitadores y Asistentes Electorales, conocidos como CAE's, llevan 59 denuncias ante el Ministerio Público porque han sido víctimas de la delincuencia.
Además, el INE a parte ha tenido que rescindir el contrato a 65 personas que no cumplieron con el trabajo o mintieron al Instituto y "dobletearon" en otra instancia.
En el primer caso, las querellas se deben sobre todo a asaltos en los medios de transporte o en la vía pública.
Los capacitadores han sido despojados del teléfono celular, alguna tableta, la cartera y lo que llevan consigo de valor.
A partir del pasado 24 de febrero de 2018, cuando inició la contratación y hasta el 22 de abril, se han registrado un total de 65 recisiones de contrato a CAE´s, quienes laboraban en alguna de las 41 juntas distritales de la entidad.
Entre los motivos que causaron baja se encuentran: dejar de prestar el servicio para el que fueron contratados, entregar documentación falsa al Instituto, incumplimiento de actividades, incurrir en falsedad, ser afiliado o militante a algún partido político o por violar la disciplina institucional.
LC
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