La Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó que la Secretaría de Obras capitalina difundió "diferentes versiones del contrato" referente a la construcción y supervisión de obras del Centro de Monitoreo de Seguridad Pública de la Central de Abasto.
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De acuerdo con el segundo informe parcial de resultados de la Cuenta Pública 2017, la dependencia omitió verificar que el dictamen técnico de la obra, el cual estaba signado por el Director Responsable de Obra (DRO) y Corresponsable de Obra- contará efectivamente con el registro de constancia de seguridad estructural, así como el visto bueno de seguridad y operación.
"El Dictamen Técnico Central de Monitoreo no contiene la información relativa al nombre, denominación o razón social del propietario, poseedor o representante legal, el domicilio para oír y recibir notificaciones; y tampoco la declaración del propietario y del Director Responsable de Obra que dispone de los equipos y sistemas de seguridad para situaciones de emergencia, en cumplimiento de las Normas Técnicas Complementarias y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables", apunta el documento.
Asimismo el archivo expone que no dispuso del plan de calidad para la construcción del inmueble, ni comprobó que el laboratorio que realizó las pruebas al concreto empleado en la cimentación y los entrepisos del estuviera certificado.
En tanto, la Sobse en el proyecto ejecutivo arquitectónico de la obra no se consideró los cajones de estacionamiento requeridos para el edificio y no se verificó que la instalación del sistema contra incendios se elaborara de acuerdo con los requisitos establecidos en un principio.
"Además, los planos no consideran los requerimientos de otros dispositivos para la prevención y combate de incendios, relativos a detectores, alarmas y equipos fijos, ni la resistencia al fuego necesaria de los elementos constructivos", resalta la ASCM.
El órgano auditor determino que no se aplicó una sanción por un monto de 13 millones de pesos por atraso de la presentación de estimaciones de obras, además de una pena convencional por 120 millones de peso por atraso en la entrega de la obra.
También pagó 213 millones de pesos sin comprobar que los trabajos correspondientes se hayan ejecutado.
Omitió constatar que la empresa contratista elaborara y tramitará ante la Secretaría del Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo de residuos sólidos y el manifiesto de entrega -transporte- recepción de los residuos de construcción y demolición.
Finalmente tampoco utilizó la Bitácora Electrónica de Obra Pública, y utilizó la bitácora convencional para la elaboración y control del contrato sin que esto permitiera que la Secretaría de la Función Pública mediara la autorización.
EB
