Como forma de atacar los 'ojos', 'oídos' e inteligencia del crimen organizado en Baja California, el gobierno del estado presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para castigar la instalación de cámaras de videovigilancia e intercepción de audio o video de las autoridades, incluido el uso de drones.
Así lo dieron a conocer la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el consejero jurídico del estado, Juan José Pon, durante la conferencia mañanera de la mandataria.
La propuesta incluye en el llamado “halconeo” —que consiste en informar al crimen sobre operativos o el ingreso de patrullas a colonias—, práctica cuya penalidad actual es de uno a tres años de prisión, explicó Pon.
Con la reforma, la sanción podría aumentar de tres a ocho años de cárcel.
Tecnología con fines de "halconeo"
Esta tarde se presentó ante el Congreso la iniciativa para modificar el artículo 317, con el fin de adicionar el uso de tecnología en labores de “halconeo”. En la entidad han sido retiradas más de mil 600 cámaras.
Por su parte, el diputado de la Comisión de Seguridad del Congreso local, Jorge Ramos Hernández, quien también presentó una propuesta en análisis, señaló que el objetivo es “mutilar esas herramientas a la delincuencia” y sancionar a quienes colaboren.
Aclaró que las cámaras podrán seguir siendo usadas por comercios, siempre que estén instaladas en sus negocios y no en postes de alumbrado público —como los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)—, y con autorización escrita de la autoridad.
ROA
