Uno de los encargados de brindar seguridad y cuidado para evitar la desaparición de personas en Jalisco se vio involucrado en un supuesto delito.
El comandante del Grupo de Búsqueda de Personas de la Comisaría de Zapopan, Héctor Gabriel “N”, es investigado por su presunta participación en el delito de sustracción de menores.
La carpeta de investigación, impulsada por la organización Ciudad Niñez, señala como víctimas a dos menores de edad, de 5 y 3 años, identificados con las iniciales I.G.LL.O. y H.S.LL.O., así como a Esmeralda “N”.
¿Cuáles son algunas medidas cautelares?
Como parte de las medidas cautelares, y con base en los artículos 176, 206 y 207 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, un juez determinó que el elemento policial no podrá salir del estado durante el tiempo que dure el proceso judicial.
La medida fue dictada dentro de la Carpeta Administrativa 5323/2022, la cual se deriva de la judicialización de la investigación 87803/2020.
También se le prohibió acercarse al domicilio de la víctima durante el periodo de la dilación constitucional.
¿Qué es la desaparición forzada?
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En otras palabras, la desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado.
La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.
OV
