El 27 de febrero y el 12 de agosto de 2025 quedaron marcados como fechas de enorme relevancia para el ámbito del crimen organizado, pues el gobierno mexicano coordinó el traslado de 55 narcotraficantes —29 en el primer operativo y 26 en el segundo— a Estados Unidos, país en el que enfrentan múltiples acusaciones.
Dentro de la nutrida lista destacan perfiles como Rafael Caro Quintero, Servando Gómez (La Tuta), Vicente Carrillo Fuentes (El Viceroy) y Abigael González Valencia (El Cuini), a quienes la Unión Americana les ha atribuido amplias responsabilidades en operaciones de narcotráfico durante las últimas décadas.
Al compartir detalles sobre estos operativo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, precisó que los jefes criminales fueron entregados luego de que el Departamento de Justicia estadunidense se comprometiera a no solicitar la pena de muerte contra ninguno de ellos.
El principal motivo de lo anterior recae en el hcho de que, en México, este castigo dejó de aplicarse a civiles desde el siglo pasado. ¿Por qué se tomó tal decisión y cuál fue el último caso de pena de muerte en el país? En MILENIO te contamos.
¿Cuál es la historia de la pena de muerte en México?
La pena de muerte, en pocas palabras, puede entenderse como la sanción jurídica más severa, pues consiste en privar de la vida a una persona procesada por un delito determinado.
Según el doctor en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto, esta pena es destructiva en el sentido de que "elimina de modo radical e inmediato la existencia humana" y "no permite enmienda, reeducación ni resocialización del condenado".
Reflexiones compartidas por la abogada Elsa Acedo Rivera, quien trabaja en el Archivo General del Poder Judicial del Estado de Sonora, refieren que la pena de muerte se ha posicionado históricamente como un intento por establecer una proporcionalidad entre el daño cometido y el castigo. Dicho de otra manera, trató de "materializar el deseo de venganza generado por las víctimas".
En la historia de México como país independiente, los primeros antecedentes legales sobre la pena de muerte se pueden encontrar en el Segundo Proyecto de Constitución Política que data de 1842. En aquel entonces, ante la falta de un régimen penitenciario sólido, se estableció que la pena capital era aplicable solmente a salteadores, incendiarios, parricidas y homicidas que actuaran con alevosía y premeditación.
Tres décadas más tarde, el Código Penal Federal de 1871 estipuló que la pena de muerte no podía llevarse a cabo en público y estaban extentas de ella las personas mayores de 70 años. Tal normativa, además, precisaba que estas ejecuciones no se podían realizar en domingo ni días festivos y el cuerpo del sentenciado debía sepultarse lejos de los de otros ciudadanos.
En su redacción original, el artículo 22 de la Constitución Política de 1917 precisaba que la pena de muerte sólo era aplicable "al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar".
Durante los debates para redactar la Carta Magna, la Comisión Dictaminadora planteó que la pena de muerte sólo se podía contemplar "si con esta medida puede quedar garantizada la seguridad social". Asimismo, reconocía que esta pena desaparecería "con el progreso de la razón, la dulcificación de las costumbres y el desarrollo de la reforma penitenciaria".
Acorde con la tendencia prevista en las asambleas, la pena de muerte quedó fuera del Código Penal de 1929, cuyo principal autor fue el jurista José Almaraz Harris. En una exposición de motivos publicada un par de años después, citada por la investigadora Olga Islas de González Mariscal, se añade que las sanciones debían "perder todo significado expiatorio, retributivo y doloroso" y, en su lugar, representar para el infractor "una educación para la vida social".
¿Cuál fue el primer estado en abolir la pena de muerte en México?
Antes de que se publicara el Código Penal de 1929, el estado de Michoacán dejó de contemplar la pena de muerte como una sanción aplicable en el año 1924, convirtiéndose en la primera entidad en hacerlo.
Tras la entrada en vigor de la norma federal de 1929, la pena capital dejó contemplarse en el Distrito Federal, Baja California Norte, Baja California Sur y Quintana Roo.
El último estado en donde se prohibió la pena de muerte fue Sonora, ya que se removió de su Código Penal hasta el 7 de febrero de 1975. Fue precisamente en este territorio en donde se registró el último caso de una ejecución como parte de un proceso penal.
Pena de muerte quedó completamente suprimida en 2005
Aunque ya no había ningún Código Penal estatal que contemplara la pena de muerte, esta sanción se abolió por completo en México hasta 2005, año en que, por decreto, quedó suprimida también del Código de Justicia Militar y se estableció que los castigos debían ser proporcionales al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
¿Cuál fue el último caso de pena de muerte en México?
La madrugada del 5 de julio de 1950, un hombre identificado como José Rosario Don Juan Zamarripa ingresó a la casa de la familia Leyva Cajeme, en el municipio sonorense de Guaymas, mientras se encontraba en estado de ebriedad.
El hombre, quien era soldado del XVIII Regimiento de Caballería, raptó a Ernestina Leyva, de cuatro años de edad, y la llevó hasta las orillas del Río Yaqui para abusar sexualmente de ella.
Después de la violar a la menor de edad, Zamarripa la asesinó con un golpe en la cabeza y tiró su cuerpo al río, según detalles obtenidos durante el juicio y consultados por MILENIO a través del acervo del Poder Judicial del Estado.
Tras la confesión de Zamarripa, fue condenado por los delitos de violación y homicidio calificado con premeditación y alevosía. Debido a la brutalidad de sus actos, se ordenó que fuera condenado a pena de muerte. Así, Zamarripa fue fusilado por un pelotón de diez hombres armados la mañana del 18 de junio de 1957 frente a un grupo de reos que estaban condenados también por violación.
En la entrega del día de mañana, en MILENIO haremos un recorrido sobre este castigo en la legislación de Estados Unidos, ya que en 27 de sus entidades aún se permite su aplicación bajo ciertos criterios.
BM.
