En la frontera entre Michoacán y Jalisco, un grupo de militares del Ejército Mexicano avanzaba con cautela por un camino polvoriento de una zona marcada por la disputa de cárteles de drogas. En cuestión de segundos, el rugido del vehículo táctico blindado fue interrumpido por una explosión: una mina terrestre había detonado, arrebatando la vida a ocho militares.
Los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo de 2025 en Los Reyes, Michoacán, municipio cuyo control territorial es peleado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Los Reyes. Aunque en un inicio la cifra de perdidas humanas era de seis, más tarde ascendió a ocho.
En las últimas décadas, los cárteles de drogas mexicanos han transformado su modus operandi, incorporando tecnología y armamento cada vez más sofisticados que elevan la violencia contra las fuerzas armadas y el riesgo para comunidades enteras.
Este arsenal no solo multiplica la capacidad ofensiva de los grupos criminales, sino que también complica la respuesta de las autoridades y agrava el impacto en la población civil, atrapada en medio de un conflicto cada vez más grande.
Minas terrestres: trampas invisibles en la guerra del narco
La explosión que terminó con la vida de ocho militares en Los Reyes no fue un caso aislado.
En los últimos años, el uso de minas terrestres —compuestas en su mayoría por artefactos explosivos improvisados— se ha convertido en una táctica recurrente entre los cárteles de drogas, especialmente en zonas rurales donde el control del territorio significa acceso a rutas estratégicas, sembradíos o poblaciones clave.
A diferencia de los enfrentamientos armados convencionales, las minas operan en silencio, ocultas bajo tierra o entre la maleza, y pueden permanecer activas durante semanas o meses.
No requieren presencia humana para atacar; basta con que una patrulla militar, un vehículo civil o incluso un campesino pase por el lugar para detonar una explosión con consecuencias fatales.
El impacto de estos dispositivos no se limita a la explosión. Más allá de las muertes, muchas veces provocan lesiones graves como amputaciones, heridas internas o traumatismos. Además, su presencia genera un ambiente de miedo constante en las comunidades, ya que pueden encontrarse en caminos rurales, terrenos agrícolas o incluso cerca de viviendas.
Michoacán y Jalisco, principal zona de minas terrestres
De acuerdo con información de Michel Torres Villanueva compartida a través de MILENIO, de enero del 2022 a mayo de 2025, se estima que al menos 32 personas han fallecido debido a los explosivos colocados en Michoacán y Jalisco. Las víctimas van desde civiles hasta agentes de seguridad.
Aunque los reportes indican que el CJNG fue la primera organización criminal en implementar las minas antipersona artesanales, con el paso de los años otros grupos criminales como Cárteles Unidos han replicado la ofensiva.
El crecimiento de reportes de este tipo de artefactos en los últimos años ha ocasionado acciones como la informada a través de este medio periodístico en junio de 2025, cuando el Ejército Mexicano dio a conocer la creación de una unidad de seguridad enfocada en el combate de minas en Tepalcatepec, Michoacán.
Los drones del crimen organizado: ¿cómo funcionan?
Lo que comenzó como una herramienta recreativa o comercial, ha sido adaptado por el crimen organizado como parte de su arsenal táctico.
En México, los cárteles han incorporado drones no solo para espiar a rivales o vigilar movimientos de las fuerzas de seguridad, sino también como plataformas ofensivas capaces de transportar y detonar explosivos. Su uso representa una nueva etapa en la violencia criminal: más silenciosa, más precisa y difícil de anticipar.
Los drones utilizados por los grupos delictivos suelen ser principalmente modelos comerciales de uso accesible. Estos aparatos pueden ser modificados para cargar pequeños artefactos explosivos.
Se trata de adaptaciones rudimentarias pero efectivas que permiten lanzar granadas, explosivos caseros o incluso cartuchos de dinamita sobre objetivos específicos.
Aunque su poder destructivo es limitado en comparación con armas de fuego tradicionales, su capacidad de operar a distancia y en áreas difíciles de patrullar los convierte en herramientas útiles para la guerra territorial.
¿Drones de fibra óptica?
Aunque los cárteles de drogas no requieren que los drones empleados en sus actividades delictivas cuenten con tecnología avanzada, la existencia de mejores dispositivos ha atrapado la atención de las organizaciones criminales.
El periodista Óscar Balderas informó recientemente a través de Notivox que organizaciones delictivas con sede en México se encuentran a la espera de la llegada de drones de fibra óptica.
Se trata de aparatos más poderosos que los drones convencionales, conocidos como tipo FPV (Visión en Primera Persona, por sus siglas en inglés), pues permiten un control mucho más dinámico y personalizado, lo que los convierte en herramientas especialmente útiles para ataques dirigidos o maniobras evasivas.
Una de sus características principales es el uso de un cable para comunicarse y ser guiado por su operador. Ese enlace físico los diferencia de los drones convencionales que dependen de radiofrecuencias para el control y la transmisión de video.
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Los vehículos 'monstruo' de los cárteles de drogas
En zonas de alto conflicto, no es raro que las autoridades se enfrenten a verdaderos blindados improvisados: camionetas convertidas en fortalezas sobre ruedas, con placas de acero, torretas y estructuras diseñadas para resistir ataques directos.
Los llamados vehículos ‘monstruo’ son automotores civiles transformados para el combate y la logística del crimen organizado.
No se trata de un modelo único ni de una tecnología específica, sino de un conjunto de prácticas que convierten camionetas, pick‑ups y camiones en plataformas más resistentes, versátiles y, sobre todo, letales en escenarios de enfrentamiento.
En la práctica, estos vehículos cumplen varias funciones: sirven como blindaje móvil para transportar hombres y armas; actúan como barreras para bloquear carreteras o asegurar rutas de paso; y permiten realizar incursiones o retiradas rápidas con cierta protección.
También se usan para la intimidación pública —su presencia suele aumentar la percepción de control territorial— y como plataformas desde las que se coordinan emboscadas o se vigilan zonas.
Algunas de sus características, son:
- Sistema de blindaje.
- Compartimentos ocultos.
- Alta capacidad para transportar a varias personas.
- Movilidad mejorada —adaptados para operar en caminos rurales y terrenos difíciles—.
- Potencia de fuego, es decir, pueden llevar desde armas ligeras montadas en ventanas o techos —como rifles, ametralladoras o lanzagranadas improvisados— hasta sistemas más complejos según el nivel de modificación y recursos del cártel.
Cabe recordar que, el pasado 29 de mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó el decretó por el que se reforma la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, misma que contempla sanciones a quien use, fabrique o ensamble vehículos blindados de manera artesanal.
Las sanciones van desde cinco a 15 años de prisión, dependiendo del delito, así como multas de entre 500 y mil UMAS.
RMV.
