La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) rechazó de manera categórica y enérgica las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, quien afirmó, “sin pruebas”, que el mencionado poder es el “enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción”.
La Jufed señaló que, lo que no ha podido lograr con hechos y pruebas, ahora lo intenta con una campaña de desprestigio.
La asociación puntualizó que la justicia no responde a presiones políticas ni a estrategias mediáticas, ya que la justicia se defiende con la ley, con pruebas y con la verdad.
“Pablo Gómez sabe perfectamente el valor del juicio de amparo porque lo ha utilizado a lo largo de su vida cuando ha sentido que su libertad estaba en riesgo o cuando ha querido defender sus derechos. Entonces, cuando le conviene, la justicia es útil; pero cuando no le favorece, acusa sin fundamentos”, subrayó la Jufed.
Agregó que las acusaciones vertidas por el titular de la UIF son una afrenta no solo al honor y dignidad de la Judicatura Federal, sino al Estado de Derecho y a la independencia judicial, principios fundamentales de toda democracia.
"Las personas juzgadoras no somos enemigas del Estado, somos garantes de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Hoy, más que nunca, la independencia judicial es crucial para evitar que el poder político avasalle los derechos de las personas".
“Y, sin embargo, ha sido estrategia del gobierno disolver al Poder Judicial como institución de contrapeso para, por medio de una inconvencional elección judicial, controlar la justicia federal y con ello vulnerar los derechos de los mexicanos”.
La Jufed advirtió que no tolerará intentos de socavar la independencia judicial con discursos políticos sin pruebas.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para que se abstengan de difundir información falsa que busque debilitar la confianza en el Poder Judicial.
“Es lamentable que, ante su evidente incapacidad para combatir de manera efectiva al crimen organizado, el gobierno haya optado por desviar la atención y responsabilizar a las personas juzgadoras de su propio fracaso”.
LG
