Un Tribunal Federal ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que emita un nuevo dictamen, en el que le otorgue la pensión definitiva por invalidez a una trabajadora, que al momento de tramitarla, tenía una pérdida de visión del 86%.
De acuerdo con el expediente, en 2023, la mujer solicitó su pensión de invalidez y prestaciones accesorias (consulta, medicinas, tratamiento psicológico, así como los incrementos que por ley se otorguen a la pensión), porque padecía disminución de agudeza visual, e incluso fue diagnosticada con queratocono, una deformación de la córnea, por lo que es candidata a trasplante, pero la lista de espera es de más de tres mil pacientes.
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El 24 de febrero de ese año, el IMSS resolvió a su favor el dictamen de invalidez provisional con vigencia al 20 de febrero de 2025, pero negó conceder la definitiva porque solo tenía 188 semanas cotizadas y no las 250 que establece la Ley del IMSS.
La trabajadora reintegró a su Afore las 102 semanas que en su momento retiró de su cuenta individual; no obstante, el Seguro Social le respondió que con las 290 semanas cotizadas sólo le serviría para hacer otra petición de pensión, más no para actualizar la que ya se había resuelto.
El Séptimo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Jalisco resolvió el conflicto individual de seguridad social 336/2023 y falló a favor de la mujer y ordenó emitir un nuevo dictamen, además de concederle las prestaciones en especie, asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, asignaciones familiares y ayuda asistencial, y los incrementos que correspondan a la pensión de invalidez y al pago de aguinaldos.
El nuevo dictamen
El nuevo dictamen deberá abarcar desde marzo de 2023 a la fecha y tomar como base el porcentaje de invalidez y las 322 semanas de cotización, así como el último salario que percibió. Asimismo, la pensión tendrá que ser definitiva y no provisional, por el carácter progresivo de la enfermedad que padece la mujer.
Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juzgador tomó en cuenta las pruebas aportadas, entre ellos, el dictamen de la perita, que determinó que el daño era de 86% y no del 55%, como lo había estimado el IMSS.
De igual manera, concluyó que la discapacidad visual la ubica en un grupo vulnerable, pues la pérdida de la visión implica una imposibilidad en el desarrollo de sus habilidades no solamente laborales, sino incluso personales, como madre de un menor de edad, esposa y responsable de un hogar.
Por ello, ordenó al IMSS a pagar las prestaciones económicas accesorias vencidas con efectos a partir del 15 de marzo de 2023 a la fecha. Entre ellas, otorgar atención psicológica y psiquiátrica de manera inmediata, pues del dictamen pericial y de las constancias que obran en la demanda, se desprende que actualmente la mujer padece un cuadro de ansiedad y depresión que pone en riesgo su salud mental.
AH
