La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que con el propósito de evitar que los recursos y programas públicos del Gobierno Federal sean utilizados con fines político-electorales, desarrolló acciones de blindaje electoral en 30 dependencias federales, que incluye a secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales.
Indicó que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), realiza cursos de capacitación, distribuye posters y mensajes en los edificios gubernamentales.
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Los que al estar colocados en áreas públicas pueden ser vistos por alrededor de un millón y medio de funcionarios públicos federales, quienes de esta forma estarán informados que existen acciones que constituyen delitos electorales y en caso de cometerlos, pueden ser sancionados incluso con prisión preventiva oficiosa.
Explicó que entre las acciones que desarrollan ambas dependencias se encuentran la difusión de mensajes a través de correos institucionales, colocación de papel tapiz en los equipos de cómputo institucionales de cada dependencia federal, distribución y difusión de materiales alusivos al blindaje electoral al interior de las dependencias, además de mensajes alusivos en los recibos de pago de los servidores públicos.
¿Qué dice la información compartida a las dependencias?
La información que se distribuye en dichas dependencias menciona que entre los delitos que podrían cometer los servidores públicos están condicionar servicios, trámites o programas gubernamentales con fines político-electorales, así como condicionar o amenazar al personal para que voten o se abstenga por algún precandidato, candidato, partido político o coalición.
Asimismo, también son delitos electorales solicitar al personal aportaciones para apoyar a algún precandidato, candidato, partido político o coalición; utilizar recursos públicos con fines político-electorales y hacer proselitismo en horario laboral.
La Fiscalía subrayó que las acciones de blindaje electoral comenzaron en septiembre pasado y continuarán durante este 2024; además, durante el fin de semana de la jornada electoral del domingo 2 de junio se realizará el resguardo de inmuebles y vehículos para evitar que sean utilizados de manera irregular.
Algunas de las dependencias en las que se han realizado acciones de blindaje son el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Energía, Secretaría de Educación Pública y Secretaría del Bienestar.
Destacó que la utilización de recursos y programas sociales con fines electorales son sancionadas con hasta nueve años de prisión, multas de hasta 400 días y destitución e inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos y amerita prisión preventiva oficiosa.
RM
