El Sistema de Justicia Penal Adversarial ha venido a generar mayor impunidad en delitos como desaparición forzada, que es aquella donde servidores públicos participan de manera directa o indirecta en una privación ilegal de la libertad de una persona.
Actualmente, Jalisco es la segunda entidad con más personas desaparecidas en México. De acuerdo con el Informe sobre Búsqueda Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, en la entidad hay 10 mil 237 desaparecidos, pero el Gobierno del Estado dice que son 9 mil 439.
Sin embargo, pareciera que cuando los involucrados en las desapariciones son servidores públicos, las cifras se maquillan más.
El Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (Cepad) ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero observaron “serias y graves” discrepancias en los datos aportados por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado.
Su codirectora, Anna Karolina Chimiak, explicó que pidieron información sobre el número de casos registrados de octubre de 2013 -cuando se tipificó la desaparición forzada en el Código Penal del Estado-, a la fecha.
En un primer documento, al pasado 30 de enero, sumaron cuatro carpetas de investigación por desaparición forzada, solo uno correspondía a 2020 y los involucrados son policías de Zapopan.
Al 30 de junio, la respuesta fue ocho denuncias, de las cuales dos corresponden a 2018 y seis a 2019. Ninguna de 2020.
Sin embargo, a otras peticiones hechas, la respuesta fue de 13 carpetas de investigación, aunque no desglosan los años en que se iniciaron o presentaron las denuncias.
“No concuerdan las respuestas a las solicitudes de acceso a la información que emite la misma Fiscalía del Estado”, remató al considerar que las cifras parecen ser minimizadas. Además, tampoco coinciden con los difundidos en medios de comunicación y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
De hecho, dijo, uno de los factores que contribuyen al recrudecimiento de las desapariciones es la impunidad. En Jalisco, solo existen cuatro sentencias por este delito. “Y en ese sentido, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de la investigación genera las condiciones propicias para que se continúen cometiendo delitos y violaciones de derechos humanos graves”, sostuvo Anna Karolina Chimiak.
De acuerdo con el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Fernando Espinoza de los Monteros, los agentes viales, policías municipales, estatales y federales, se convirtieron en “los protagonistas” del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial y del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), ya que en los llamados primeros respondientes recae la integración del Informe Policial Homologado (IPH) que sustentará la carpeta de investigación para esclarecer los delitos, pero al haber corrupción se complica todo.
“Todas las carpetas de investigación tienen que pasar por un informe policiaco de investigación, entonces quienes tienen la puerta para realmente llegar a los delincuentes o no llegar, pues es la policía. Y si tú tienes gente que trabaja en la Policía investigadora y tiene la función de investigar, y los tienes comprados, pues gozas de toda la impunidad.
¿A los policías quién los cuida? ¿quién se dedica a investigar un policía? Nadie. Entonces se manejan con toda la impunidad del mundo. Y ellos no solo investigan, sino que también participan en la desaparición forzada”, destacó.
Considero que Jalisco ocupa el segundo lugar en el número de personas desaparecidas “porque aquí trabaja el crimen organizado muy fuerte. Tenemos el grupo criminal más grande de México: el Cartel Jalisco Nueva Generación”.
¿También hay gente que no tiene relación con esas actividades? “Pero, pues los levantan, porque les pagan. Y a quién les van a pagan por hacer eso, a los criminales, a quienes saben de eso”, respondió.
Para terminar con el problema de los desaparecidos es necesario combatir el problema de la corrupción y el crimen organizado, pero “una lucha real, no de discurso, ni de selección”, dijo Espinoza de los Monteros.
Aunado a ello, para el Cepad urge que el Estado elimine esa tendencia a minimizar la problemática real de los desaparecidos en Jalisco, y reactivar herramientas como el análisis de contexto para hacer una mejor investigación de los casos.
“Buscar de manera muy disciplinaria los patrones, los modus operandi de cómo se desaparecen a las personas en Jalisco y, por otro lado, poder detectar las causas o condiciones que favorecen y propician estas violaciones a derechos humanos”, de acuerdo con el especialista.
Desde la pasada administración se creó la dirección de Análisis de Contexto en la Fiscalía del Estado, pero en los últimos dos años se concentró más en los informes relacionados con los casos individuales, no con los informes que pudieran recabar los patrones relacionados con los hechos. Esa área podría desmantelar las estructuras de macro criminalidad que presentan las desapariciones en Jalisco.
SRN
