Para poder hacer frente, con los órganos jurisdiccionales existentes, al aumento de casos que se prevé se judicializarán derivado de las reformas de combate a la delincuencia organizada y a la corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha previsto que necesita 117.1 millones de pesos para el próximo año.
Para 2021 también el Poder Judicial de la Federación prevé la instalación de 19 nuevos centros de justicia penal, para lo cual requiere de 339 millones de pesos, para poder hacer frente a los casos judiciales que se cree aumentarán, por la reforma al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en el apartado de “Consolidación del nuevo sistema de justicia penal”, se menciona que el Poder Judicial ha asumido su compromiso con el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada como una de las prioridades más apremiantes para el Estado mexicano.
Para ello, está atendiendo las necesidades que surgen de la estrategia estatal de combate a la delincuencia organizada, con el funcionamiento de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales y legales en materia de extinción de dominio y prisión preventiva, la utilización más frecuente de técnicas judicializadas de investigación para el fortalecimiento de los casos, y de la implementación del nuevo sistema de justicia para adolescentes.
El documento menciona que la disposición de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, conforme a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional de 16 de marzo de 2019, ha generado que aumente la cantidad de asuntos que se judicializan derivado de operativos, detenciones y puestas a disposición de la autoridad ministerial, e igualmente han incrementado los actores que participan en los procesos judiciales.
bgpa
