El 3 de julio de 1995, Esmeralda Martínez Montañez fue encontrada muerta, con su cuerpo semidesnudo y signos de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En ese entonces, el municipio fronterizo comenzaba a ser reconocido a nivel nacional por el gran número de mujeres que desaparecían o eran asesinadas.
Sin embargo, a 30 años —y pese a los avances en materia de género— el panorama sigue sin ser alentador y el municipio se mantiene como el más peligroso para las mujeres de México.
De acuerdo con Rosaura Martínez, madre de Esmeralda, en aquellos años al menos cinco mujeres eran asesinadas al día y muchas más desaparecían.
Esto en un contexto donde ni siquiera era reconocido el delito de feminicidio y las muertes eran catalogadas como homicidios, por lo cual muchos casos no eran atendidos con debida diligencia lo cual tenía como consecuencia impunidad, como en el caso de la joven de 19 años, en donde hasta la fecha no hay ningún detenido.
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Pero este no es un caso aislado, sino un fenómeno que continúa hasta la actualidad.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, entre 2018 y febrero de 2025 han ocurrido 140 feminicidios, aunado a 727 carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso por razones de género.
Sin embargo, en comparación con el número de casos en este mismo periodo de tiempo, únicamente se ha emitido 11 sentencias por homicidio y 18 por feminicidio, lo cual significa que en menos del 20 por ciento de los casos las víctimas han accedido a la justicia.
Pero además de la baja tasa en el número de sentencias, realmente no ha habido una disminución significativa de estos crímenes durante los últimos siete años.
Tan solo en caso de feminicidios, las cifras han ido en aumento desde 2022, pasando de 17 casos en ese año a 25 durante el 2024
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualmente Ciudad Juárez es la entidad con el mayor número de casos a nivel nacional, con cinco feminicidios en lo que va del primer trimestre del 2025.
Pese a que en homicidios dolosos se han reducido —2023 a 2024 pasaron de 102 casos a 78— este tipo de ilícitos cuentan con un menor número de sentencias.
Respecto a la impunidad que existe en Juárez, tanto organizaciones como activistas coinciden en que, más allá de violencia e inseguridad, también es consecuencia de la falta de profesionalización de las autoridades en la materia.
Lluvia Rocha, voluntaria de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señaló que si bien hay una Fiscalía Especializada de la Mujer, existe una falta de infraestructura de personal, así como de recursos económicos.
Esto, tomando en cuenta que, también dentro de estas dependencias se atienden otros delitos contra las mujeres como violencia sexual o familiar, los cuales también cuentan con cifras bastante altas.
Por su parte, Imelda Nava, coordinadora general de Red Mesa de Mujeres, dijo que más allá del nombre, es importante que el personal esté debidamente capacitado en perspectiva de género, ya que la falta de bases en esta materia ha llevado a que muchos casos continúen en la impunidad, además de que las familias de las víctimas son revictimizadas.
“Esta Fiscalía ha tardado mucho en hacer una fiscalía especializada que va vaya más allá del nombre, ya que para ser especializada implica tener personal con alto grado de capacitación en materia personal, que durante varios años se mantengan dentro de la institución y además la conformación de la especialización lo cual no se ha logrado y eso mantiene estos niveles de impunidad”, señaló.
Wendy Chávez, titular de la Fiscalía Especializada en atención a mujeres por delitos de género y la familia, reconoció que hay déficit de personal dentro de la institución, pues no cuenta con suficientes empleados capacitados para atender estos delitos.
Cada Ministerio Público especializado en la materia requiere una capacitación mínima de seis meses a un año y en varios casos, este personal es movido a otras áreas de la Fiscalía General para brindar otro tipo de atención, por lo cual es necesario volver a capacitar a personal desde cero nuevamente.
Asimismo, dijo que otros de los problemas a los que se enfrentan es a la falta de denuncia, ya que en la mayoría de los casos de feminicidio u homicidio, los asesinos eran personas cercanas a las víctimas, que en muchos casos habrían ejercido previamente otro tipo de violencia como la familiar; sin embargo, muchas de ellas no acuden a las autoridades.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía estatal, entre 2018 y febrero de 2025, 43 mil 250 mujeres fueron víctimas de violencia familiar, 5 mil 724 de lesiones dolosas y 4 mil 62 de violación.
“Nosotros tenemos muy claro que los delitos de género son multifactoriales, es decir, que solamente desde la prevención o desde el combate no se va a lograr que esto se erradique. Pero confiamos en que en la manera en que se aumente también la confianza ciudadana en la denuncia y que las instituciones estén fortalecidas para dar una respuesta eficiente inicialmente, vamos a combatir la cifra negra, que es un tema que es muy complejo de abordar”, enfatizó.
De acuerdo con Tatiana Carreón, directora general de los Centros de Justicia para las Mujeres, actualmente solo el 40 por ciento de las mujeres que acuden a estos espacios en busca de ayuda denuncian a su agresor, esto aunque desde la institución, además de brindar apoyo se les incentiva a denunciar para garantizar un verdadero acceso a la justicia.
Además de generar un espacio sin revictimización para aquellas mujeres que salen del llamado “círculo de la violencia”.
Ciudad Juárez cuenta, desde 2009, con una recomendación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero el 6 de noviembre de 2001.
En ese momento, la Comisión manifestó la extrema violencia contra las víctimas y le estableció al Estado mexicano un marco jurídico, con la finalidad de hacer frente a la violencia de género desde una perspectiva preventiva y punitiva.
Sin embargo, esto no se ha cumplido y casos de los últimos años también relatan la brutalidad y violencia con la que se mató y se sigue matando a las mujeres.
Algunos casos son el de Ruth Mejía, asesinada en 2019 y encontrada desnuda y tirada en el piso; además de con huellas de violencia en el cuello, probablemente por asfixia; el de Jacivi Holguín, asesinada en 2021 y posteriormente enterrada en un Jardín de niños de la Colonia El Mirador o el de Rosa Isela, ocurrido en ese mismo año, la menor de 13 años fue violada y posteriormente asesinadas por sus dos abusadores quiénes también eran adolescentes.
“A pesar de estos avances, esto no ha sido suficiente y resulta fundamental para poder atender un problema entender que existe y reconocer las deficiencias y si no partimos de ese reconocimiento difícilmente vamos a poder identificar las áreas de oportunidad o las posibilidades que tenemos para mejorar o para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres”, precisó Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
LP | JLMR
