El 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero; algunos han sido encontrados, pero sin vida, mientras que de otros aún continúa la búsqueda.
Las autoridades judiciales del gobierno han detenido a personajes clave en la investigación por su presunta participación en los hechos ocurridos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; no obstante, algunos han sido liberados y otros se encuentran prófugos de la justicia.
Desde hace nueve años, los avances en el caso han generado que la denominada 'verdad histórica', que señala que los estudiantes fueron asesinados, incinerados y arrojados al basureo de Cocula, en Guerrero, sea derribada.
La noche del 26 de septiembre de 2014, 109 estudiantes viajaban en cinco autobuses en el norte de Guerrero, iban camino a Iguala, pero un grupo de policías intentó bloquear el paso a tres de los camiones lanzando disparos al aire y contra las unidades.
Tras la agresión de los policías, algunos jóvenes salieron heridos. Más adelante, otro autobús fue interceptado y 43 estudiantes fueron detenidos y entregados a integrantes del grupo Guerreros Unidos.
Implicados y sospechosos en caso Ayotzinapa
El 15 de septiembre de 2020, un juez federal dictó auto de formal prisión contra el ex jefe de la Policía Federal Ministerial de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Carlos Gómez Arrieta, por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de la justicia y tortura en agravio de uno de los sospechosos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por tratarse de un delito grave, el ex mando quedó interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Tomás Zerón de Lucio
El ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, es señalado como presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Nueve años después del caso, sigue prófugo, reside y se oculta en Israel. Se avisó al gobierno de ese país sobre la orden de captura que existe contra el ex funcionario. La Fiscalía General de la República (FGR) busca una sentencia de hasta 60 años en prisión para él.
El 27 de abril, un juez liberó una orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio del presunto operador del grupo criminal Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas.
En ese momento, la FGR también obtuvo la orden por los delitos de desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos en contra del ex funcionario.
En la carpeta de investigación también se presumía que la tortura fue cometida en el interrogatorio de 2015, y durante el mismo, Felipe Rodríguez Salgado señaló que fue “amenazado de muerte” para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Un Tribunal Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción para conocer un amparo de Tomás Zerón, quien busca tumbar la orden de aprehensión en su contra por la presunta tortura contra El Cepillo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado, sin éxito, dos cartas al gobierno de Israel para que lo ayuden con la extradición del es funcionario.
"Envié la carta, es la segunda, porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a un torturador, nadie debe proteger a torturadores en el mundo y mucho menos quienes sufrieron de represión, tortura, de exterminio", dijo en conferencia de prensa del 20 de junio.
Jesús Murillo Karam
Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), fue detenido el 18 de agosto de 2022 por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.
Se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Murillo Karam fungió como titular de la PGR de 2012 a 2015. Tuvo a su mando las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa por orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
El ex funcionario informó cuál era la 'verdad histórica' sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas y, en otra conferencia, soltó la frase "ya me cansé" ante dudas en la investigación.
Cuenta con dos vinculaciones a proceso por el caso. Está acusado de los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, derivados del caso Ayotzinapa
Murillo Karam fue ingresado al reclusorio Norte en 2022, pero ha presentado problemas de salud desde entonces, lo que ha ocasionado que reciba atención médica en un par de ocasiones.
En septiembre, un juez federal determinó aplazar hasta enero de 2024 la audiencia donde la Fiscalía General de la República pretende acusar formalmente al ex procurador, y solicitar una condena de 82 años de cárcel.
José Luis Abarca y su esposa
El 4 de noviembre de 2014, el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos durante un operativo que se realizó en inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Cuando fueron detenidos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) los señaló como autores intelectuales del ataque y desaparición de los estudiantes. Abarca también era buscado por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada.
El matrimonio fue señalado de ordenar el ataque y desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que no "sabotearan" el informe de labores de Pineda Villa, como ocurrió en julio de 2013.
En mayo de 2023, un Tribunal Federal absolvió a Abarca Velázquez del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La sentencia fue definitiva y no pudo combatir la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, el ex funcionario fue condenado en mayo a 92 años de prisión por ser penalmente responsable del delito de secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular.
En agosto, un juzgado federal otorgó un amparo a Abarca Velázquez, sentencia que ordena a un juez que analice de nueva cuenta si debe prevalecer la medida cautelar de prisión preventiva en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Ministerio público Blanca Alicia
Blanca Alicia Bernal Castilla, ministerio público, fue imputada por la FGR por el presunto delito de desaparición forzada de personas a raíz de una diligencia en la investigación del caso Ayotzinapa realizada el 28 de octubre de 2014 y que encabezó Tomás Zerón de Lucio.
En septiembre de 2020, se le vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura en agravio de Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que se cree participó en el homicidio y desaparición de los 43 estudiantes.
También se le atribuyó delitos contra la administración de justicia y falsificación de documentos agravados. La sentencia ya fue impugnada por la FGR. Blanca Alicia Bernal permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
En 2022, la ex ministerio público tramitó un amparo contra el auto de vinculación a proceso. El recurso fue resuelto en 2023, cuando se determinó que en el caso debía ser aplicada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 2017.
Así, Bernal Castilla podría recibir de 40 a 60 años de prisión, además de una multa de 10 mil a 20 mil días.
Policías implicados
El 15 de septiembre de 2019, la FGR informó que el juez de distrito que lleva el caso Ayotzinapa liberó a los policías locales procesados, entre ellos Felipe Flores, quien el 26 de septiembre de 2014 era el secretario de Seguridad Pública de Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas.
De acuerdo con la lista difundida el pasado 4 de septiembre, por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se trata de 21 policías municipales de Iguala y Cocula, quienes permanecían en el penal federal de Tepic, acusados del secuestro de los jóvenes.
Fue el 4 de de octubre de 2019, Alejandro Encinas informó que el juez de Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó autos de libertad a otras tres personas vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
'El Cepillo'
En 2015, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo o El Terco, quien es señalado como lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos, confesó que él y cuatro cómplices mataron “a unos 15” normalistas de Ayotzinapa, que le entregaron con vida jefes policiales de Iguala y de Cocula, y dijo que al menos 25 ya habían muerto “por asfixia”, de acuerdo con declaraciones integradas al expediente de la antes PGR sobre la desaparición de los jóvenes.
Mientras que el 7 de julio en un video del cual MILENIO tiene copia y que fue grabado en enero de 2015, se observa que Tomás Zerón de Lucio interrogó a El Cepillo, cuando éste se encontraba sometido, sentado en una silla, esposado, encapuchado y sin camisa. En el video se ve al ex funcionario con las manos en los bolsillos de un abrigo color negro, caminando en un pequeño cuarto y advirtiendo al delincuente: "A la primera mamada te mato, güey".
'El Mochomo'
Por estos hechos han sido detenidos unos cuantos y liberados otros. Entre los personajes que forman parte de esta historia está José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El inculpado fue detenido el 24 de junio de 2020 en Metepec, Estado de México, e ingresado en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, con una orden de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada, tras casi seis años de búsqueda.
Un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada, así como a su abogado Arturo Rodríguez García, identificado como la persona que habló a la madre del presunto líder de Guerreros Unidos para solicitar dinero para entregárselo a un secretario de acuerdos de un juzgado.
El Mochomo figura en declaraciones ministeriales que afirman que él dio la orden de matar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y que los cuerpos fueran abandonados en una fosa clandestina en la zona de Pueblo Viejo, entre los límites de los municipios guerrerenses de Iguala y Cocula.
José Ángel Casarrubias Salgado fue uno de los presuntos operadores en el secuestro de los normalistas, e incluso un año después de los hechos de Iguala, la FGR ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos por su paradero.
'El Pato'
Tras casi tres años libre, Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los principales señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, regresó a manos de las autoridades. El 4 de septiembre pasado la policía del Estado de México lo detuvo y entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que tenía una pistola.
Este hombre, en 2014, admitió haber participado en en la desaparición de los estudiantes, aunque los cargos en su contra se desestimaron al confirmarse violaciones al debido proceso y falta de pruebas de su participación en Guerreros Unidos.
A Patricio Reyes Landa lo detuvieron el 26 de octubre de 2014. En su primera declaración, aportada dos días después, el 28 de octubre de 2014, negó cualquier relación con los hechos. Sin embargo, en la ampliación de su declaración, aportada el 3 de noviembre de ese año admitió que sabía lo que había ocurrido. Y aportó elementos de la narrativa de la llamada 'verdad histórica', sobre que los estudiantes fueron secuestrados, llevados al basurero de Cocula, asesinados, incinerados y sus restos vertidos en el Río San Juan.
El Pato admitió incluso haber trasladado y matado a algunos de los estudiantes. Dijo que en la camioneta en la que él llegó a la zona del basurero de Cocula, una Nissan Estaquitas blanca llevaba cuatro estudiantes, uno de ellos muerto. Los bajó, los hincó y les disparó, luego de que quien era su jefe en la organización: Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, lo regañó de no haberlos matado antes. Además aseguró que no vio cómo ni quiénes se deshicieron de los estudiantes porque se fue a halconear (vigilar) y a recoger leña seca porque estaba lloviendo.
De acuerdo con registros federales, El Pato fue detenido este mes por policías estatales en las inmediaciones de la comunidad de San Juan Acazuchitlan, municipio de Jilotepec, en una zona de cultivo conocida como paraje El Durazno, en la colonia Durazno de Guerrero. La detención se efectuó a las 15:20 horas.
Sin embargo, fue dejado en libertad bajo las reservas de la ley porque el haber sido aprehendido por portación de arma es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, aunque se encuentra sujeto a un procedimiento.
Después fue llevado a las instalaciones del Ministerio Público del Fuero Federal, con sede en Tlalnepantla, que se encuentran en la calle de Sidar y Rovirosa, en la colonia centro de dicho municipio mexiquense, liberándolo horas después.
'El Gil'
El 2 de septiembre de 2019, Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto líder de Guerreros Unidos, quien de acuerdo con la Procuraduría General de la República ordenó el levantamiento y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.
El juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federal con residencia en de Tamaulipas, absolvió a El Gil del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, del cual fue acusado por la PGR en perjuicio de los 43 estudiantes.
De acuerdo con la sentencia dictada el pasado 30 de agosto, dentro de la causa penal 66/2015, otros de los absueltos fueron Joaquín Lagunas Franco, El Omega; Juan de la Puente Medina y Óscar Veleros Segura, quienes estaban acusados de los delitos de delincuencia organizada.
Se determinó que El Gil seguirá libre porque un Tribunal Federal confirmó la suspensión definitiva que le fue otorgada para no ser detenido. La Fiscalía General de la República (FGR) buscaba que un juez federal decretara prisión preventiva oficiosa contra El Gil, porque se ordenó reponer el procedimiento en la causa penal relacionada con el secuestro de los normalistas. Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Colegiado declararon infundados los argumentos de la Representación Social de la Federación.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó a El Gil de ordenar que se privara de la libertad a los normalistas, “lo cual sucedió entre las 18:00 horas y 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014, en la explanada del zócalo de iguala, Guerrero”.
'El Pajarraco'
Juan Miguel Pantoja Miranda, El Pajarraco, presunto involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue perseguido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante casi 4 años, se le detuvo en 2018, pero un juez ordenó su liberación.
Estaba dispuesto a decir todo lo que sabía, pero sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo pudo entrevistar, pese a que dio detalles de lo que les hicieron a los jóvenes aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Documentos en poder de MILENIO revelan que dos días después de su detención, El Pajarraco dijo a los visitadores de la CNDH que deseaba declarar todo lo que sabía de la desaparición de los normalistas porque quería descargar su conciencia, ya que desde que ocurrieron los hechos no podía dormir bien, tenía pesadillas y no podía vivir tranquilo; deseaba decirles a los padres de los estudiantes que “ya no los busquen porque todos murieron al ser incinerados en el basurero de Cocula”.
Su nombre, Juan Miguel Pantoja Miranda, y sus apodos: Pajarraco, Paja, Wasa, Wasako o Soldado, habían sido mencionados por los presuntos integrantes de Guerreros Unidos que en 2014 admitieron haber secuestrado, trasladado, asesinado, incinerado y desaparecido a los 43 estudiantes.
La PGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el supuesto cómplice de los presuntos asesinos de los estudiantes, pero El Pajarraco logró ocultarse casi 4 años, hasta que el 28 de agosto de 2018 fue detenido por la Policía Federal de Investigación en Piedras Negras, Coahuila, acusado de delincuencia organizada y secuestro.
Pero el 12 de septiembre de 2018, dos semanas después de haber sido detenido, un juez le otorgó la libertad por falta de elementos, al desechar 48 declaraciones en su contra, basándose en resoluciones previas que habían estimado que a los involucrados en el caso se les presentó ante la autoridad de manera forzada, que las detenciones fueron ilegales, que se les retuvo de manera prolongada antes de ser presentados y que supuestamente se habían acreditado actos de coerción, como tortura o maltrato.
En noviembre de 2018, se informó que personajes clave en el voluminoso expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya están libres: Agustín García Reyes, El Cheje o El Chereje y Jonathan Osorio Cortés, El Jona, fueron dejados en libertad el 26 de octubre de ese año “por falta de elementos”.
IR/ROA
