Morena se dispone a consumar su reforma más ambiciosa: la electoral. Se trata de una mutación institucional que promete alterar de raíz las formas mismas de acceso al poder político. Pocas decisiones poseen una trascendencia comparable.
El contenido de la reforma permanece envuelto en la opacidad: en parte porque aún se define, en parte porque es cuidadosamente hilado en el círculo más estrecho de confianza de la Presidenta.
Sin embargo, ello no significa que resulte imposible anticipar lo que se avecina. La reforma descansará en dos pilares: uno político y otro administrativo.
El primer componente es, por mucho, el más delicado. Se busca reconfigurar la correlación de fuerzas reduciendo la influencia de las élites partidistas y sus cúpulas, al tiempo que se limita el poder desproporcionado que han detentado los partidos satélites.
Es por ello que no se plantea la eliminación de los plurinominales, sino algo más audaz: transformar la lógica de su elección. Pasarían de las listas cerradas, dictadas desde las dirigencias, a un mecanismo de “primeros perdedores”, con la mira puesta en fortalecer a quienes movilizan votos en el territorio —a ojos de morena, el campo real de la política.
También se pondrá en entredicho la restricción que limita a 300 el número máximo de diputaciones por partido. Un artificio que, en los hechos, otorga a los partidos satélite un poder de chantaje legislativo pues obliga a las mayorías a pactar con ellos para aprobar cualquier reforma constitucional, otorgándoles así un peso mayor al respaldo social que realmente poseen.
La elección de candidaturas por primarias o las segundas vueltas no están descartadas. Sin embargo, los redactores de la reforma miran con recelo estas opciones. Las consideran un dispendio de recursos, una costosa superestructura que terminaría engrosando las arcas de las camarillas que buscan combatir.
En el plano administrativo, la reforma apunta a eliminar duplicidades y optimizar recursos. Se proyecta transformar al INE en una autoridad única y centralizada, desmantelando los Organismos Públicos Locales Electorales. A ello se suman la reducción en el número de consejeros, la disminución de sus salarios y la sustitución de la credencial de elector por la CURP con datos biométricos.
En cuanto a la designación de consejeros, no se optará por el voto popular, pero se baraja utilizar un sorteo entre aspirantes previamente filtrados por un panel de expertos con representación partidista. Una fórmula que pretende blindarse contra la captura política.
La reforma contempla también un recorte presupuestal severo a los partidos, acompañado de una flexibilización en el uso de los recursos, relajando las restricciones sobre temporalidad y destino del gasto. Aunque el tijeretazo afectará a todos, su impacto será draconiano para los partidos medianos, como PVEM y PAN.
Mucho se ha especulado sobre si una reforma electoral de tal calado podrá reunir los votos para ser aprobada. No tengo duda de que lo hará. Morena dispone de un arsenal de anzuelos para seducir a las distintas fuerzas políticas.
La oposición más consistente a la reforma no proviene de los partidos, sino de los intelectuales de la transición democrática que carecen de representación política y de la astucia discursiva para conquistar el favor de la opinión pública.
El verdadero límite de Morena no está en su oposición y los intelectuales, sino dentro: en su propia intransigencia. Si no logra domarla, corre el riesgo de que la reforma sea rechazada o, aún más grave, que termine por fortalecer a las facciones internas que buscan apropiarse del movimiento y despojarlo de sus valores fundacionales.
Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.
