Las agresiones que presenciamos esta semana por parte de grupos criminales en Tijuana, Juárez y varias ciudades de El Bajío son evidencia de que el crimen organizado se encuentra tan fortalecido que no existe una sola corporación civil, con presencia en todo el territorio, capaz de enfrentarlo.
Ojalá no necesitáramos del Ejército. Lamentablemente hoy no es el caso. Y esto se debe a tres razones:
La primera es que el poder de fuego del crimen organizado, su amplia penetración en fuerzas policiales locales, su control del territorio y sobre todo, la diversificación de su portafolio de actividades criminales hacia la extorsión, el cobro de piso y el control de cadenas productivas, tiene una magnitud que supera, con creces, la capacidad actual de las policías civiles para enfrentarlo.
Esto no es de hoy. Desde sexenios pasados, abundaban historias de cómo las policías preferían no enfrentar al crimen organizado, y en cambio, esperaban la llegada de militares o de la Marina para que estos últimos llevaran la batuta de operativos y capturas.
La segunda razón es la premura de la tarea. En la pandemia el crimen organizado se fortaleció e incursionó con cada vez más fuerza en crímenes que atentan directamente contra la población y las economías locales. Ante ello, López Obrador ha ido dejando atrás, poco a poco, su estrategia de “abrazos” y ha incursionado en una nueva estrategia de “golpes estratégicos” aparejados de sigilosa cooperación internacional.
Este cambio en estrategia ha resultado en el desmantelamiento de redes de sicarios en Michoacán, la captura de importantes capos como Caro Quintero y atentados contra liderazgos del CJNG. El efecto es lo que observamos esta semana: un mayor descontrol dentro de los cárteles que está llevando a un incremento en violencia.
La tercera razón es que, de facto, ya no hay una policía nacional de carácter plenamente civil. La Guardia Nacional es un cuerpo de facto militarizado. La mayoría de sus miembros tienen entrenamiento militar, las operaciones se llevan a cabo en cuarteles con guardias que no pertenecen a la comunidad (una característica de los operativos militares que los diferencia críticamente de los policiales) y los liderazgos son militares o ex militares.
López Obrador desmanteló a la policía federal, en parte como una movida política para diferenciarse de sus sucesores, y en parte porque la policía federal se encontraba sumergida en escándalos de corrupción que tocaban hasta sus más altos mandos.
Además, la 4T convirtió a los puestos más importantes en materia de seguridad civil en botines políticos. Tal es el caso de Alfonso Durazo, quien lo usó como trampolín para volverse gobernador de Sonora, y de Rosa Icela Rodríguez, quien ahora pretende usarlos para buscar la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Los mejores mandos policiales, que no son políticos, no están en los puestos más altos de decisión.
Por todo lo anterior, repito: ojalá no necesitáramos del Ejército, pero hoy eso ya no parece ser posible. Quizá por ahora, la opción más realista es usar al Ejército para labores relacionadas con el crimen organizado, al tiempo en que se fortalece a las policías estatales como fuerza civil. Cuando los homicidios hayan regresado a los niveles de 2006, solo necesitaremos a las policías estatales.
Viri Ríos
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