Nadie puede dudar que nuestro país tiene una gran deuda con miles de familias que llevan años en la zozobra por el lacerante fenómeno de los desaparecidos.
Una propuesta presentada el 7 de octubre en el Senado aumenta el vía crucis que enfrentan estos padres y madres organizados que temen se vuelva un retroceso terrible en el proceso de búsqueda de la verdad y la justicia.
Ayer tuvieron un foro virtual para decir no a la iniciativa que pretende modificar la Ley General de Desaparición.
El encuentro fue organizado por el Senado, donde hubo voces contundentes como las de los integrante de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, quienes alertaron sobre el riesgo de modificar los artículos 24, 45 y 68 de dicha ley, porque con ello se dejaría en el olvido a los familiares de más de 85 mil personas que no han sido localizadas.
Apenas el 29 de enero, colectivos de Nuevo León y Tamaulipas enviaron una carta al Legislativo federal para manifestar su preocupación por la grave crisis de derechos humanos y en específico la dolorosa experiencia de tener un ser amado desaparecido.
En su carta advierten que la FGR pretende cambiar su Ley Orgánica y con ello los aleja de la posibilidad de ver avance en los casos haciendo todavía más difícil acceder a la justicia.
Entre sus argumentos están que la nueva ley obstaculizaría la participación de las familias en las investigaciones e impediría saber si éstas se están haciendo de forma correcta. Insisten en que la Fiscalía se desvincularía del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, afectando así los derechos de las víctimas y sus familias.
Advierten también que la nueva ley favorecería la opacidad e impediría saber si sus procedimientos se apegan a la Ley General de Desaparición.
Agregan que se impediría a las familias aportar pruebas, proponer acciones de búsqueda o nombrar personas expertas que puedan ver el expediente o realizar alguna acción para encontrar a las personas desaparecidas.
Y tal vez lo más grave, es que esta ley podría hacer que las fiscalías de los estados repliquen estos cambios, afectando aún más los derechos de las víctimas y sus familias.
Aún se está a tiempo de evitar que esa deuda se vuelva más grande, habrá que escucharlos.
