Corrupción es una palabra que desde niño he escuchado, leído y asimilado como el enemigo a vencer por todos; el complejo; el fantasma que nos persigue y no nos deja consolidar por completo un cambio como sociedad en México.
Combatirla está en manos de todos, pero paradójicamente en la vida pública queda en manos de los políticos; algo así como poner un perro a cuidar la carnicería. Disculpando la comparación.
Como avance en esta lucha podemos reconocer la creación de leyes y, con ellas, el surgimiento de estructuras anticorrupción, después de la reforma de 2015.
El problema radica en la aplicación de leyes, porque a la hora de hacer realidad el espíritu por el que fueron creadas, saltan los intereses de quienes las crearon. El que hace la ley hace la trampa.
Luchar contra la corrupción está a final de cuentas en manos de muchas personas que muy fácil olvidan que lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad.
Otros personajes, no políticos declarados, participan en el activismo, pero muchos en realidad forman parte del sistema, porque se hacen de la vista gorda para no perder su estatus.
Más lamentable aún, porque cuando no tomas una postura en contra la corrupción, tácitamente la apoyas, como sentenció Kamal Haasan, genio de la política y el arte en la India.
Es cierto que en Nuevo León hay un Sistema Anticorrupción desde 2017, que cuesta 19 millones de pesos y no opera como se espera. Como todo, es perfectible.
El SEA está conformado por el Comité de Selección, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador.
De entrada, el Comité de Selección que entrevistó a los 65 aspirantes a fiscal de Nuevo León arrojó como resultado una controversial “terna de 4”.
Ese mismo grupo de ciudadanos que presumen “imparcialidad”, aunque hayan sido nombrados por diputados, no ha completado los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, y se quedó de brazos cruzados cuando el Congreso desapareció de un plumazo al Comité de Acompañamiento.
En cuanto al tercer “brazo”, también es flaco, porque el Comité Coordinador también está incompleto, y es el que diseña y promociona las políticas públicas de combate a la corrupción.
La ley dice que debe reunirse cada tres meses; desde agosto de 2021 no es así.
En descargo, no todo ha sido malo, hay una Fiscalía que avanza en la investigación de los asuntos que recibe y pronto podría haber buenas noticias.
Pero mucho sigue siendo letra muerta, y para colmo, un área aprovechada por presuntos activistas.
Perfectible, salvable.
Víctor Martínez
