Si bien en Coahuila el riesgo es mínimo, lo cierto es que en la mayor parte del país la amplia presencia del crimen organizado y el hecho de que controlen materialmente muchos municipios implica un peligro importante de que las organizaciones criminales interfieran en los procesos electorales de 2024, financiando campañas, amenazando a los votantes o candidatos y haciendo proselitismo a favor de diferentes partidos.
Las organizaciones criminales son actores de poder con intereses regionales, les importa proteger el estatus quo o bien, modificarlo, y algo muy importante es que cada organización busca su propio beneficio y, por ende, hay posibilidad de que colisionen sus acciones.
Es decir, no significa que el peligro de injerencia del crimen organizado se dé en una sola dirección de forma coordinada, de hecho, el riesgo se potencializa porque diferentes organizaciones van a apoyar a distintos partidos y candidatos en diversas partes del país, incluso hay la posibilidad con organizaciones muy grandes, que la misma apoye a diferentes partidos según la región de la que se trate.
Evidentemente dicha situación juega en contra de la ciudadanía, primero porque no existen garantías de que la voluntad popular vaya a prevalecer, porque habrá un elemento que genere distorsión; segundo las organizaciones criminales se verán favorecidas y ello implica el crecimiento de los negocios sucios o la violencia en dichas zonas y tercero porque tendremos en muchos lugares a autoridades electas que le deban su cargo al crimen organizado, más que a los ciudadanos.
Lo peor es que no contamos en el país con un sistema adecuado de monitoreo de la acción del crimen organizado en las elecciones, y si bien en ocasiones por trabajos periodísticos o de inteligencia podemos enterarnos de alguna intervención muy evidente, la mayoría de estas pasa desapercibida y es lo realmente peligroso, porque no sabemos qué tan lejos llegan los tentáculos del narco.
@victorsanval
