El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfila a su cierre y no ha logrado contener la oleada de violencia en nuestro país, se podrá argumentar que hay algunas mejoras en la tendencia de los delitos, pero lo cierto es que el presente sexenio fue el más violento de la historia moderna en números duros.
Por ende, ante el cambio de poder que se dará en 2024 conviene impulsar desde la sociedad una exigencia hacia las y los candidatos que buscan la Presidencia, para que su principal prioridad sea la seguridad pública y para ello, que presenten con tiempo cuáles serán sus estrategias en la materia.
Ya no podemos seguir una línea de confrontación abierta o de permisibilidad, la estrategia de seguridad requiere cambios profundos, pasar de una lógica de enfrentamiento casuístico a una focalización de las acciones a partir del uso intensivo de la inteligencia, a un mayor entrenamiento de los oficiales que se encargan de combatir al crimen organizado y a generar incentivos negativos a la participación en actividades delictivas, fortaleciendo el estado de derecho y el sistema de justicia.
También pasa por romper las cadenas de suministro, atacar las finanzas de las organizaciones criminales, su acceso a armas y acabar con sus redes de corrupción, baste el ejemplo de hace unas semanas en donde la Alcaldesa de Iguala se reunió con el líder del grupo criminal los Ardillos, se difundió el video de manera pública y el Presidente solo atinó a decir que se iba a investigar, pero la Alcaldesa sigue en su puesto, tomando decisiones y no ha sufrido sanción alguna por sus actos, lo cual manda un pésimo mensaje de impunidad.
Pero sobre todo atender a las causas sociales del delito, enfocarse en generar oportunidades de educación y empleo para las poblaciones en riesgo, porque el delito se alimenta de la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, pero si se golpea su base social y se les da alternativas a las personas y su capacidad de permear disminuye.
@victorsanval
