Andrés Manuel López Obrador ha señalado con acierto que ha existido un alto grado de corrupción en el sector gubernamental, en donde las obras públicas son un espacio tradicional de desvío de recursos y malos manejos, por ello, no suena coherente que ante un diagnóstico tan preciso, se opte desde el Gobierno Federal por clasificar como reservada la información relativa a las obras públicas que el Gobierno de la República construye en la actualidad.
Ningún gobierno es inmune a la corrupción, incluso considerando como válida la hipótesis de que el Presidente no es corrupto, en una obra intervienen tantos funcionarios, que no se puede descartar que alguno de ellos cometa un acto indebido y la transparencia es una de las mejores herramientas para detectar estos casos.
En la propia administración federal actual ya se han descubierto actos de corrupción, que incluso el Presidente ha aceptado y derivado de los mismos, se ha removido de sus cargos a funcionarios, de tal forma que descartar que actos así se puedan presentar en la construcción de obras, no es un escenario improbable.
También hay que considerar que aún cuando no existiera acto de corrupción en las obras, la transparencia también es fundamental para que los ciudadanos puedan vigilar el destino de sus recursos, conocer en qué se gasta el dinero de todos y si se reserva la información relativa a las obras, que se llevan un porcentaje significativo del presupuesto, este ejercicio no se puede llevar a cabo.
De hecho, resulta imposible a la luz de nuestro marco legal, reservar información relativa al monto de las obras, porque la misma Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece a este rubro como información pública de oficio y porque no existe forma de que su publicación afecte a la seguridad nacional.
Por ello, como ciudadanos debemos exigir a las autoridades, sean quienes sean, que respeten la esencia del derecho de acceso a la información, sobre todo en algo tan elemental como las obras públicas.
@victorsanval
