Ya van tres veces que el Presidente Andrés Manuel López Obrador incluye como una propuesta de reforma la posibilidad de elegir a jueces mediante el voto popular, lo cual suena a una idea con ropajes democráticos, pero en realidad es un dardo envenenado que podría sepultar la independencia judicial para siempre, porque para llegar al cargo los jueces, en especial los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán que hacer campaña y utilizar estructuras políticas, que comprometerán sus decisiones futuras.
Los mayores atributos de un juez son la imparcialidad y la independencia, por ello, en nuestro país se busca que en su designación intervengan tanto el poder legislativo, como el ejecutivo y en los escalafones más bajos se aplican exámenes y hay comités de selección, además de nombrárseles por un número considerable de años, se ponen dificultades para su remoción y se les dan salarios decorosos, todo ello precisamente para que no le deban el puesto a una sola persona, y tengan seguridades para actuar con independencia e imparcialidad.
Pero si se les obliga a buscar las simpatías populares para llegar al cargo, se vicia todo el sistema, ya que tienen que llegar a arreglos con las estructuras políticas, que manejan los gobernantes, también a buscar contribuciones, que pueden venir de grandes empresarios o peor aún del crimen organizado, por ende, al llegar al cargo lo hacen atados de manos, debiéndole favores a gobernantes, partidos, sindicatos, empresarios o a criminales, lo cual impedirá que sus decisiones sean justas, imparciales y en beneficio de la ciudadanía.
Por tal motivo, la idea de votar por los jueces puede parecer romántica y democrática, pero en realidad es una pésima idea, que restará independencia al poder judicial, doblegándolo al poder ejecutivo y a los grandes poderes fácticos de nuestro país, y sus decisiones beneficiarán en mayor medida a los poderosos y los ciudadanos de a pie estarán cada vez más indefensos.
@victorsanval
