La declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que él tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, es más grave de lo que parece, porque las autoridades están obligadas al cabal cumplimiento de la ley, y si existía una orden de extradición y la captura ya se había materializado, no existe un supuesto que permita la liberación del mismo, aún cuando el Presidente de la República haya dado la orden.
En los últimos meses se ha querido vender una falsa dicotomía, en torno a que la liberación de Ovidio era necesaria para evitar la muerte de civiles inocentes y sin duda una escalada de violencia y la pérdida de vidas humanas era posible, pero estos riesgos fueron producto de una pésima planeación del operativo, es decir, arribaron con efectivos insuficientes, permanecieron mucho tiempo en el inmueble, dejaron que Ovidio utilizara un celular, no tuvieron clara una ruta de salida y los anillos de seguridad fallaron, en síntesis, quien puso el riesgo a la población fue el propio Gobierno al implementar un mal operativo.
Pero lo más grave son las implicaciones de la liberación, primero porque la decisión de dejar libre Ovidio puede traducirse en muertes, no en vano en los días posteriores a su liberación hubo una ola de homicidios en las zonas aledañas a Culiacán, también en los últimos meses el Cártel de Sinaloa ha incursionado en Guanajuato lo cual ha contribuido a que esa entidad sea el primer lugar nacional en homicidios dolosos.
Por si fuera poco, la liberación de Ovidio manda un mensaje erróneo a las organizaciones criminales, ya que demuestra que el Gobierno Federal, está dispuesto a liberar a narcotraficantes si las organizaciones ponen en riesgo a la población, por tanto, ante un arresto de un líder se generan incentivos para atacar a la población con el objetivo de presionar a las autoridades para la liberación del mismo, por lo que a la larga, habrá más violencia y menos arrestos.
@victorsanval
