Mientras el Gobierno federal insiste en mantener la gasolina bajo control, Pemex se desangra. Su deuda se dispara, la productividad se desploma y sus finanzas son un lastre para la economía nacional. La empresa, que fue motor y orgullo de México, hoy es apenas una sombra sostenida a base de subsidios, inyecciones de capital y discursos que ya no convencen.
Hace meses se anunció un recorte de personal de confianza, buscando la reducción de la nómina y evitar la duplicidad de trabajo, como si esa fuera la raíz del problema. Sin embargo, ni una sola línea ha tocado al sindicato petrolero, que se mantiene intocable desde hace décadas.
Y es que todos lo saben: el verdadero peso muerto de Pemex no está en sus trabajadores de base, sino en una estructura sindical que se convirtió en un feudo de privilegios, corrupción y control político.
La historia es clara. La primera expropiación, en 1938, fue un símbolo de soberanía. La segunda, el llamado “quinazo” de 1989, intentó sacudir al sindicato con la detención de su líder. Hoy, 36 años después, el país parece necesitar una tercera expropiación, no contra empresas extranjeras, sino contra una cultura enquistada que drena los recursos públicos y bloquea cualquier intento de modernización.
El contraste es brutal. Mientras Pemex recibe miles de millones de pesos para un rescate que no llega, el sindicato petrolero celebraba con bombo y platillo su 90º aniversario en Ciudad Madero. Un festejo que, más que orgullo, debería provocar vergüenza: nueve décadas de intocabilidad, de pactos con el poder en turno, de líderes enriquecidos y de una burocracia sindical que se niega a soltar sus privilegios.
Pemex fue por mucho tiempo el pilar de la economía nacional. Hoy es un gigante con muletas, un barril sin fondo que devora los impuestos de todos los mexicanos. Y mientras no se toque el corazón del problema —un sindicato intocable y una élite directiva corrupta, donde los ejemplos de funcionarios de primer nivel corruptos abundan, y lo que es peor, sin castigo alguno—, no habrá plan de rescate que funcione.
La senadora morenista Olga Sosa anunció días pasados que la deuda con proveedores en el sur de Tamaulipas asciende a más de 25 mil millones de pesos, agregando que en el corto plazo la presidenta, Sheinbaum, presentará un plan de pagos a proveedores.
¿Exagerado hablar de una tercera expropiación? Quizás. Pero lo cierto es que si no se toma una decisión de fondo, Pemex seguirá siendo lo que es hoy: un glorioso recuerdo convertido en carga, un pozo que, en lugar de dar petróleo, devora el futuro del país.
