El agarrón político en el Congreso del estado de la última semana con sus repercusiones legales al interior como al exterior, versiones y actitudes muy polarizadas de los personajes involucrados, al grado de irse a los golpes entre integrantes y de acusaciones muy personalizadas, el verdadero contexto está en el futuro del dinero público, desde cómo se va a recolectar y de qué manera se aplicará.
Y dentro del entretenimiento vulgar ofrecido con la discusión entre la diputada panista Imelda Sanmiguel y el líder del parlamento Armando Zertuche, hasta los gritos y casi mentadas de madre entre Félix “El Moyo” García y Gustavo Cárdenas, mismos que acaparan las notas, la sustancia se encuentra en la ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del presente año.
Con muy pocas voces equilibradas en la presente legislatura, se coincide en las futuras acciones tanto del mencionado poder y su contraparte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El asunto es el cobro de nuevas placas para este año y donde son contrarios y contradictorios los argumentos a favor y en contra.
Por un lado, el frente de Morena se valió de todo, hasta de rozar los límites de la legalidad, para evitar la medida perjudicial en el bolsillo de los contribuyentes, con todo y los reclamos del bando azul, quienes acotan afectará en la seguridad, aunque sin aclarar cada centavo de la recaudación en años anteriores destinado a esta área.
“Por ahora, entre enero y febrero se aplicará el mismo presupuesto del 2021, pues con todo y las reservas, no está todavía aprobado el definido este año. Esto y el veto a las placas puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una controversia constitucional. De darse, dicha instancia dará la última palabra”, explicó el priista Edgar Melhem Salinas.
Será, si el tema alcanza este escenario, un referente más de la falta de entendimiento entre los grupos principales en el parlamento estatal, encaprichados cada uno en ser dueños de la razón y de la justicia, según el script enviado y los intereses de sus jefes políticos.
“Ah bueno, chingo a mi madre”, dicen los 3 millones de tamaulipecos, los realmente perjudicados. _
