México es uno de los pocos países industrializados sin alguna forma de acceso verdaderamente universal a los servicios médicos, en parte porque los debates políticos están impulsados por creencias falsas y contraproducentes. Una de esas creencias es que México no puede darse el lujo de cubrir a los no asegurados, cuando en realidad un sistema de financiamiento coordinado es la herramienta clave para mantener bajos los costos, y existen formas asequibles de hacerlo a través de finanzas públicas claras, sin licitaciones sospechosas y empresas sin antecedentes de malas prácticas.
En el 2000, 55 millones de personas en México no contaban con afiliación a ninguna institución de seguridad social. En el 2018, con el Seguro Popular, la cifra se redujo a 22 millones de personas sin acceso a los servicios públicos de salud. El INSABI proyectaba que para 2024, el número de personas sin afiliación al sistema público bajarría a 11.8 millones, pero después de un sorpresivo cambio de rumbo, la institución recién creada también va a desaparecer y el país se pregunta qué pasará con todos aquellos pacientes que quedaron desprotegidos desde que el Seguro Popular fue absuelto. Hasta 2019, el presupuesto para la atención a la salud de la población sin afiliación a una institución de seguridad social se conformaba por cuatro programas presupuestarios: Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI, PROSPERA y FASSA. Para un primer escenario del INSABI, de acuerdo con sus objetivos planteados, sería necesario destinar 302 mil 465 mdp adicionales. Sin embargo, el aumento de este instituto en 2021 respecto a 2019 fue equivalente al 2.9% de esta cifra.
Por otro lado, el programa IMSS-BIENESTAR lleva operando 42 años y proporciona en sus 3,983 unidades médicas servicios de primer nivel y 80 hospitales de segundo nivel de atención. Funciona en 19 entidades de la República, otorgando servicios médicos a 11.6 millones de personas que viven en zonas rurales o urbanas marginadas. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, firmaron el acta de integración de la mesa de transición para concretar la transferencia de los servicios estatales de salud a partir del 1º de abril, por conducto del programa IMSS-Bienestar. Zoé Robledo informó que el propósito para 2024 es que los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar.
El renovado programa busca llegar este año a 13 entidades, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. La nueva versión del IMSS-Bienestar iniciará en Nayarit, por lo que este organismo operará los 17 hospitales del estado y 261 centros de salud de primer nivel, donde estarán inscritos 4 mil 627 trabajadores. La inversión inicial para este programa en Nayarit será de 1,438 millones de pesos y serán para costear la nómina del personal, equipamiento e infraestructura.
La cobertura sanitaria universal significa que todas las personas y comunidades reciben los servicios de salud (p. ej., la gama completa de servicios de salud, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos a lo largo del curso de la vida) que necesitan y de la calidad suficiente para ser eficaces y, al mismo tiempo, garantizar que el uso de estos servicios no exponga al usuario a dificultades financieras. Esperemos que este ‘nuevo’ programa cumpla las expectativas y no sea cortado de tajo como sus dos predecesores.
