Si bien es cierto que el decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de diciembre de 2020, busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, por medio de las adecuaciones a las cuotas obrero patronales y las semanas cotizadas, en el corto plazo se incrementará el número de pensionados con gasto directo al gobierno.
Uno de los cambios de la nueva ley para que las aportaciones obrero-patronales tengan mejores rendimientos y así generar mayores montos al final de la carrera laboral de los trabajadores, es la regulación y reducción de las comisiones de las Afores. A partir de su creación en 1997, éstas cobraban comisiones sobre el flujo de las cuotas obrero-patronales (por cada aportación), sobre el monto de los activos administrados y podía ser una combinación de ambas. En 2007, se eliminaron las comisiones sobre flujo y, a partir de 2008, solo se cobran comisiones sobre el monto acumulado.
Un ejercicio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2014, mostró que México es uno de los países que cobra las comisiones más altas (doceavo lugar de 34 miembros).Desde entonces, las comisiones han disminuido de forma gradual y, a partir de 2019, se encuentran por debajo del uno por ciento, sin embargo, siguen siendo altas.
Con la nueva reforma se pretende una reducción significativa, por medio de la entrada en vigor de un límite en el porcentaje del cobro de las comisiones. Se implementará a partir de 2022 y su cálculo dependerá del promedio de las comisiones cobradas en los sistemas de pensiones de Estados Unidos, Chile y Colombia.
De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el límite de las comisiones representará un ahorro a los trabajadores de aproximadamente 11 mil millones de pesos en 2022 y de hasta 300 mil millones de pesos en el periodo 2022-2040.
Aunado a lo anterior, la disminución en el número de semanas cotizadas de 1,250 a 750 a partir de 2021, que se irán incrementando hasta llegar a 1,000 en 2031; el incremento en el porcentaje de aportación con respecto al salario base de cotización de los trabajadores, del 6.5 por ciento (vigente hasta 2022) hasta llegar a un 15 por ciento en 2030. Así como el incremento en la pensión mínima garantizada de 3,289 pesos a 4,345 pesos (aproximadamente), generará un mayor número de trabajadores que logren tener acceso a una pensión y se incrementará el monto de las mismas.
Sin lugar a dudas representa un beneficio para los trabajadores afiliados al IMSS, sin embargo, no existen planes de gobierno para reformar las leyes de retiro de trabajadores afiliados a otros sistemas de pensiones, con lo que queda pendiente una reforma integral del sistema de pensiones mexicano.
Nora Gavira Durón
