Los riesgos que representa vivir en una sociedad violenta, donde la delincuencia espera a la vuelta de la esquina para golpear a las personas sin importar género, nivel económico, social o grupo de edad, se ven reflejados en todos los productos de entretenimiento a los que tenemos acceso como seres humanos, desde libros, películas, música, comics y claro los videojuegos, por ello existe la clasificación de estos productos, algo que se olvida en muchas ocasiones.
Hace unos días el Gobierno de México reavivo la llama de la guerra contra los videojuegos, por la desaparición de tres menores que jugaban el titulo de disparos en tercera persona y multijugador en línea, “Free Fire”, aunque también señaló el presidente de la República y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que fueron “enganchados” en un sitio de renta de estos juegos de video, de esos que ya no se encuentran tras la bancarrota de Blockbuster.
Quienes compartimos el gusto de perdernos en el mundo virtual desde muy pequeños, sabemos que la guerra en contra de los videojuegos no es un tema nuevo, pero tampoco es una solución para los problemas que aquejan a la sociedad, pues incluso los menores de edad que asisten a una primaria o secundaria tienen aspiraciones de “ser sicarios del narco” sin tocar en su formación un control de una consola o asistir a un “arcade” o “local de maquinitas”, esta situación entonces no es reflejo de un producto de entretenimiento, sino de una mala gestión de gobierno y la falta de respuesta a la alta incidencia delictiva que deriva del desempleo y alto índice de trabajos mal remunerados.
Buscar chivos expiatorios es un tema común en la política de México, pero tampoco está libre de esta práctica el mundo político, pues se hace lo mismo en cada país conforme sus intereses; ahora el Gobierno Federal emite un decálogo para que los menores no sufran riesgo alguno al jugar videojuegos, estos 10 puntos se enfocan básicamente en un llamado de atención a los padres para vigilar que sus hijos e hijas no se sobreexpongan a estos productos, algo que sobra decir debería estar presente en cada hogar y no sólo con los videojuegos, porque dudo mucho que un padre o madre entregue de manera deliberada una película pornográfica a un menor de 10 años, pero sí se puede dejarlo ver la novela donde salen desnudos porque está disponible en televisión abierta y la Secretaría de Gobierno avala su transmisión y contenido.
Aunado a esto, las deplorables condiciones de trabajo que se tienen en el país, siendo de los pocos donde casi “se vive para trabajar y no se trabaja para vivir”, con horarios excesivos de labores, pésimas prestaciones y salarios desiguales e insuficientes; impiden que los padres de familia tengan tiempo e incluso disposición de vigilar lo que sus hijos e hijas hacen en su tiempo libre, por ello se ven más menores pegados a una pantalla de una tableta, a la televisión que funge como niñera y educadora principal, y de los videojuegos como una válvula de escape para la temible realidad que rodea a todos los humanos, llena de violencia y delincuencia que no parece tener fin y mucho menos un acto gubernamental que cese estos actos de riesgo.
La guerra contra los videojuegos no es nada nueva, como todo producto debe tener una moderación, regulación, que ya tiene desde 1994 cuando se estableció la clasificación de cada título dependiendo de la edad a la que está dirigido y en la cual se incluye dos apartados principales, Mature o Maduro para personas mayores de 17 años y Adult Only o sólo adultos para mayores de 18 años, los cuales muestran contenidos sexuales, violentos, sangre, consumo de drogas licitas, ilícitas y alcohol; por lo que se recomienda ampliamente verificar este tipo de contenidos y verificar que el videojuego sea apto para cada grupo de edad; en caso de insistir en que los menores jueguen este tipo de títulos, tener el sentido común de acompañarlos y explicar cada situación, enfatizando que es un producto que puede reflejar la realidad o contar parte de la historia de la humanidad, pero de manera ficticia.
En tanto, el Gobierno de México debería enfocar sus esfuerzos a buscar estrategias que restauren en tan dañado tejido social del país, para que los pequeños y pequeñas que ya regresan a las aulas tengan aspiraciones reales de ser personas productivas como médicos, investigadores, ingenieros, en lugar de pensar en sumarse a las filas del narco, y en aquellos lugares donde parece ser la única opción, ejecutar operativos que den resultados y mitigar esta incidencia delictiva, fomentar actividades que promuevan un desarrollo adecuado de los menores, en lugar de estrechar la mano de familiares de grandes capos, porque sí el presidente de la República olvida que es una figura de influencia en los menores de edad, los adultos tenemos que recordar que no todo personaje es digno de imitación, incluyendo al mandatario federal.
Teodoro Santos
