“Soy Martha Alicia Camacho Loaiza, académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, junto con mi esposo fuimos desaparecidos, el 19 de agosto de 1977. Después de torturas inimaginables de todo tipo, mi esposo fue ejecutado extrajudicialmente. Obviamente, no nos entregaron su cuerpo, ni nada, yo fui obligada a parir en medio de golpes, un hijo cuarenta días después de estar detenida. De los casos de Sinaloa, mi caso es el que tiene más evidencias, les he dado nombres, domicilios, en la FEMOS, de nombre muy largo, pero de alcances nulos (…) Aquí la justicia transicional parece que está con los ojos cerrados, o no existe. Yo les di nombres, hasta los domicilios de los perpetradores y todavía no alcanzamos justicia. Esperamos que en esta ocasión si podamos alcanzarla. Me uno a lo que comenta el maestro (Alberto Hijar). Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Justicia, ni perdón, ni olvido”.
Éste fue el testimonio que la maestra Camacho ofreció ayer ante la nación, en la conferencia matutina del Presidente López Obrador, durante la cual se informó que el gobierno de la república recuperará todos los espacios de tortura gubernamental, utilizados para masacrar las voces disidentes en los años 70 del siglo pasado, y los convertirá en memoriales de la tortura.
El Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas anunció que ayer, 10 de junio, al cumplirse 48 años de la matanza estudiantil de 1971, el gobierno mexicano inaugurará el primero de varios espacios recuperados, ubicado en la calle Morelia, número 8, colonia Romita, en la Ciudad de México, sitio en donde la denominada “brigada blanca” de la extinta Dirección Federal de Seguridad, torturaba salvajemente a hombres y mujeres críticas al gobierno.
Es una gran noticia que desde el gobierno, y no desde la sociedad civil como ha sido casi siempre, se recupere la memoria histórica para que nunca más se repitan épocas de grandes violaciones a los derechos humanos.
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