Las últimas semanas han sido ominosas para la libertad de expresión. El asesinato de periodistas es quizá el aspecto más visible y lamentable, pero es solo la parte visible del iceberg. Hay un deterioro profundo de las condiciones del ejercicio de esta libertad que debería preocuparnos por sus implicaciones para la vida democrática.
Van algunos datos recientes. Durante el primer semestre de 2021, la organización Artículo 19 documentó 362 agresiones contra la prensa (entre otras, intimidación, hostigamiento, amenazas, ataques físicos). Es decir, una agresión contra periodistas o medios de comunicación cada 12 horas. De estas, casi un 40 por ciento provienen de agentes del Estado. Las cifras preliminares indican que esta tendencia se mantuvo durante el segundo semestre del año pasado.
Más delicado, desde 2000 han sido asesinados en México 147 periodistas, 29 de ellos durante la actual administración y ¡cuatro en lo que va de este año! En muchos casos, los periodistas investigaban grupos criminales y su vinculación con poderes gubernamentales. Somos uno de los países más letales para el periodismo.
Frente a este panorama prevalece la más amplia impunidad. Una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión sin resultados. Un mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas sin recursos suficientes, con su fideicomiso desaparecido, y con serias deficiencias operativas. Y una catarata de declaraciones huecas cada vez que una muerte se suma y siembra el velo de la censura.
Por otro lado, desde la tribuna de la mañanera, prosigue y se profundiza el hostigamiento contra quienes practican el periodismo. La triste parodia “quién es quién en las noticias” palidece frente a la voz del propio presidente López Obrador, quien descalifica a sus críticos ejerciendo su supuesto derecho a expresarse.
Alguien tendría que recordarle que la Suprema Corte ha dicho que la crítica es “inseparable de todo cargo de relevancia pública” y que sus límites “son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas… están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones…”. Más lejos aún, la Corte ha reconocido que incluso está permitido “recurrir a una cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa” (SCJN, Primera Sala, amparo directo 28/2010, 23 de noviembre de 2011).
La libertad de expresión es pilar fundamental del Estado constitucional y democrático de derecho. Sin ella no hay crítica, debate público ni vida democrática. Su deterioro es un indicador de que algo grave está sucediendo. Hagámonos cargo de ello.
Sergio López Ayllón
