En las próximas semanas, el Congreso iniciará el proceso para expedir una nueva ley general de ciencia y tecnología. En la mesa hay cinco proyectos. El más visible y controvertido es el que presentó el Ejecutivo federal. Elaborado en el Conacyt, este proyecto propone modificar sustantivamente el marco normativo e institucional existente desde 2002 y traduce jurídicamente la visión del quehacer científico que tiene la 4T.
La reforma constitucional de mayo de 2019 a los artículos 3º y 79 XXIX-F estableció los parámetros para regular la ciencia. La ley debe crear las condiciones que garanticen el derecho de las personas a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Para ello, debe asegurar el apoyo del Estado a la investigación y la innovación, garantizar el acceso abierto a la información, establecer las bases de coordinación entre Federación, estados y municipios en estas materias, así como permitir la participación del sector
social y privado.
El proyecto de Conacyt queda a deber en muchas de estas dimensiones. Lejos de crear instituciones, mecanismos y procedimientos bien diseñados, colegiados, incluyentes y transparentes, la iniciativa es un texto más discursivo que normativo. Estructuralmente se articula a partir de la concentración de facultades, la centralización de la política nacional y la discrecionalidad.
El proyecto concentra facultades en Conacyt y elimina radicalmente la participación sustantiva que hoy tienen los sectores académico y privado en los procesos de planeación y toma de decisiones. Cierto, se mantienen algunos espacios consultivos, pero sin capacidad de incidir.
La iniciativa también configura un modelo altamente centralizado que subordina a estados y municipios a la agenda nacional que sería diseñada por el nuevo Conacyt. Así, sin base constitucional, se convierte al consejo (que es una entidad federal) en un órgano rector nacional, y limita severamente las competencias originarias de entidades federativas y municipios, con excesos que rayan en lo ridículo.
Finalmente, con falta de oficio el proyecto está redactado con mucha retórica y abundancia de “principios” indefinidos. Así, por ejemplo, la iniciativa reconoce la libertad de investigación. Pero simultáneamente establece que la investigación y la formación que se realice con recursos públicos debe sujetarse a 11 “principios”, entre los que se encuentran los de “pluralidad y equidad epistémicas” y el “diálogo de saberes”. Esto generaría enormes márgenes de discrecionalidad para las autoridades del Conacyt.
Por todas estas razones, ojalá el Congreso abra sus puertas al diálogo con la comunidad científica, con los estados y con los sectores social y privado para permitir una conversación constructiva. Queremos y necesitamos una buena ley para la ciencia mexicana, que sea precisa y constitucional. Es posible lograrlo.
Sergio López Ayllón*
* Investigador del CIDE
