Un tratado de libre comercio elimina las barreras al comercio (principalmente aranceles) y facilita la circulación de bienes, servicios e inversiones entre los países partes. México tiene 14 tratados de libre comercio con 50 países. Los tratados, una vez firmados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, son “Ley Suprema de la Unión”.
En 1994 entró en vigor el TLCAN. Este instrumento es, de lejos, el más importante y trajo enormes beneficios al país y a la región. En 2017 Trump amagó con terminarlo, pero existieron las condiciones para renegociarlo y actualizarlo. El resultado fue el T-MEC, que generó certeza y permite que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sean uno de los motores más importantes de la recuperación económica del país.
La energía siempre ha sido un tema sensible en las negociaciones comerciales de México. En el primer TLCAN, los tres países confirmaron el “pleno respeto a sus Constituciones” (artículo 601.1). Más allá de la retórica, el Estado mexicano reservó diversas actividades vinculadas con el petróleo crudo y la energía eléctrica (anexo 602.3).
En el T-MEC, en una negociación de última hora, Canadá y Estados Unidos reconocieron en el artículo 8.1 la propiedad de México sobre sus hidrocarburos. También se estableció que esos dos países, “sin perjuicio de sus derechos y remedios disponible conforme al tratado” (énfasis añadido), reconocían el derecho soberano de México de reformar su Constitución y su legislación interna. Este artículo, junto con la ambigüedad creada por la decisión de la Suprema Corte cuando resolvió la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, han sido el argumento central que ha utilizado el presidente López Obrador para afirmar que México no ha violado el tratado.
Lo que no dice el Presidente es que el tratado establece un conjunto de obligaciones que México aceptó y que las reformas a la Ley de Energía Eléctrica violentaron. Dicho de manera, se modificaron las reglas del juego y con ello se afectaron diversas obligaciones que el Estado mexicano había aceptado.
Cuando un país alega que otro violó una disposición del tratado se desencadena el mecanismo institucional de solución de controversias pactado en el mismo tratado. Primero mediante consultas y después, si no se llega a un acuerdo, mediante la instalación de un panel arbitral. No se necesita una bola de cristal para saber que existe una alta probabilidad de que un panel determine que México violó sus obligaciones y establezca medidas compensatorias. Este resultado no es bueno para nadie. Todos perdemos. Por ello, ojalá prive el buen sentido y en lugar de discursos nacionalistas se llegue a una solución sensata y negociada con Estados Unidos y Canadá.
Sergio López Ayllón
