En virtud de la emergencia sanitaria de la pandemia covid-19 a lo largo de 60 días, el nivel de vida de los hidalguenses ha sido afectado y la dimensión del impacto ya se ve reflejada en la economía al igual que en la convivencia social e incluso ha incidido hasta en la salud mental de los ciudadanos.
Lo anterior pese a toda iniciativa del gobernador Omar Fayad Meneses quien ha definido diversas estrategias anticipadas a la acción del gobierno federal, mostrando su compromiso y visión al actuar para que diversos sectores productivos y sociales no sean severamente afectados por la dimensión del impacto que traerá consigo daños irreversibles.
Por otro lado, la reacción pública del gobierno federal improvisada pone en alto riesgo a la población en general y en consecuencia a las ciudades grandes como Pachuca, Mineral de la Reforma, Huejutla, Ixmiquilpan, Tepeji, Tulancingo, Tula y otras que están pagando un costo económico muy alto dada la imperante necesidad de las empresas de parar la productividad, aunado a la crisis económica y de salud que vive la sociedad en general dentro del estado.
Lo único cierto, es que el sector popular llámese campesinos, obreros, el sector informal e incluso el formal, han llegado a un punto de desestabilización y hartazgo porque el hambre mata más rápido que cualquier otro virus llámese coronavirus o influenza. La autoridad debe plantear adecuadamente el proceso de regresar a la nueva normalidad en Hidalgo, bajo un correcto reglamento de sanitización, acompañado de una estrategia de difusión además de la supervisión permanente para incidir firmemente en la consciencia de la sociedad.
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