Por primera vez la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 manifestó la descripción de los derechos humanos, emitiendo la palabra humano en vez de hombre, además prescribió y condenó la discriminación en el sexo. Años después la misma organización en 1975 celebró la primera conferencia mundial sobre la mujer.
México fue uno de los primeros países que apoyó los resultados de dicha conferencia; por lo cual, en 1979 firmó la convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, implementando el instrumento de desigualdad. A lo largo de los años, México ha fungido como guía en esta causa humana para erradicar la discriminación, reflejándose en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, impulsando a que la mujer tenga acceso ilimitado a sus derechos civiles y políticos para combatir la inequidad del género.
A 60 años del reconocimiento del derecho al voto femenino, la ley mexicana fomenta el derecho de la mujer en la participación política al igual que en la toma de decisiones como un recurso para conocer y difundir su derecho de participación en los espacios públicos; por ello, es necesario enfocar la problemática que enfrentan las mujeres en este tema emblemático y las consecuencias que genera un mundo dominado por hombres.
Bajo este fenómeno, los partidos políticos viven la crisis de dar cumplimiento a la pluralidad, generar contexto y articular las demandas de la ley para lograr la participación de la mujer en la actividad política.
Vale recordar que la aún escasa participación de las mujeres en la esfera electoral proviene por la falta de empeño de los partidos políticos para superar el logro de la igualdad sustantiva ligada al derecho político de la mujer contra la dominación de los hombres así como la negación del ejercicio de la misma.
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