La crisis de la credibilidad por la que pasa el gobierno de la República en su actuar ante la emergencia de la pandemia covid-19 derivado de la problemática que vive el sector salud por falta de insumos, capital humano y protocolos, aunado al poco interés y al vacío del programa económico nacional para enfrentar las consecuencias económicas, políticas y sociales que se perciben a nivel mundial desde la caída del precio del petróleo, el desgaste de la globalización vista en el reflejo de la baja en el valor de la moneda en los países industrializados así como la posible reconstrucción de identidades de las naciones.
Por tanto, los gobernadores se han visto obligados a tomar cartas en el asunto, reforzando así su liderazgo y capital político, dando a conocer la característica irresponsable en que incurre el ejecutivo federal.
Los mandatarios dan a conocer públicamente su intervención frente a dicho vacío, posicionándose ante su población al adelantarse a los hechos de la desastrosa situación y exigiendo al presidente el respaldo económico a todos los sectores sociales por igual para evitar un conflicto mayor que termine por desquebrajar el tejido social.
De igual forma exigen un cambio en la reforma hacendaria para que la mayor parte de la recaudación se quede en el estado, beneficiando así su desarrollo.
Esto pronostica el comienzo de un rompimiento entre los gobernadores y el presidente, vislumbrando así la posibilidad de una fractura en el sistema federalista en la República Mexicana, y con ello se genera un alto riesgo de dividir la República Mexicana en dos: norte (rico) y sur (pobre).
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