Los centros de reclusión estatales con frecuencia son señalados como el eslabón más débil del sistema de justicia: prisiones hacinadas; mayores remisiones que egresos, lo cual caracteriza a la crítica de la “puerta revolvente”; personas sin sentencia ilegalmente retenidas por más de dos años por faltas mínimas, falta de inversión, corrupción de custodios y directivos u origen de llamadas de extorsión y comisión de otros delitos.
El Gobierno de la Ciudad de México ha iniciado el proceso de reestructura para hacer posible una gestión innovadora de un principio de orden, en correspondencia con la tendencia nacional y global en la cual los sistemas penitenciarios no los controla el segmento político del gobierno sino el técnico policial.
Y sí, por supuesto, la reinserción social debe estar al centro y alcanzar no al 60 por ciento sino, idealmente, a la totalidad de quienes dejan de ser Personas Privadas de la Libertad (PPL).
Gradualmente, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum comenzará con la transferencia del Sistema Penitenciario desde la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Ciudadana (SSC), en un esquema que aplican en diversas entidades y en el ámbito federal si la propuesta, como es deseable, avanza en el Congreso local.
En la experiencia internacional, América Latina enfrenta problemas con el espacio físico en prisiones y por ende sobrepoblación, así como dificultades para la mejor selección y formación del personal penitenciario además de la colusión entre vigilantes y organismos delictivos.
Con gobiernos militares, el modelo redundó en autoritarismo y en ocasiones en cárceles con autogobierno de los presos. Brasil ha sufrido por exceso de internos, mientras, en otro extremo, Costa Rica —nación que no tiene Ejército— culminó en 2008 un proceso de 30 años de reforma, pero que ahora demanda recursos para mantener su esquema funcional.
El modelo anunciado en la CDMX pone énfasis en fortalecer la reinserción social, dar orden en los centros de reclusión, capacitación del personal y uso de investigación e inteligencia policial, como ya aplica la corporación encabezada por Omar García Harfuch en la operación cotidiana en calle.
El modelo penitenciario mexicano está centrado en la reinserción social. La retórica no constituye la realidad. Las administraciones anteriores dejaron en el olvido los resultados. Hoy, el porcentaje de reincidencia se estima en el 40 por ciento y el robo es el delito por el cual está la mayoría de las PPL.
Reinserción implica garantizar que aquellos que cumplen con su pena tengan posibilidades reales de regresar a su comunidad sin volver a delinquir, para lo cual es necesario modernizar el proceso desde aspectos básicos como el hecho de contar con una identificación oficial al salir de prisión y también con un compromiso empresarial y social de entender que debemos abrir oportunidades más allá de prejuicios y con las cautelas del caso.
Salvador Guerrero
@guerrerochipres
