De la misma forma como nos preocupamos por nuestro hábitat, a propósito del Día Mundial de la Madre Tierra celebrado el pasado 22 de abril, propongo esta analogía: si hay una sustentabilidad prioritaria que encarna esa preocupación, en la agenda de las naciones debería también haber una sustentabilidad de lo comunitario, donde se garantice la integridad de nuestra vida y la protección de nuestros bienes.
Es decir, un espacio conceptual y práctico, una política pública y una narrativa, que privilegia la seguridad al colocar al centro a las víctimas de los delitos y el propósito de sancionar a los presuntos responsables.
Podríamos pensar, concisamente, en una especie de ecosistema de la seguridad.
Cultura de la prevención, bases de datos, capacidades institucionales desarrolladas y acompañadas ciudadanamente, interrelaciones de los seres humanos mediadas por la ética del individuo y el principio de orden de la ley para usufructo del espacio público y el cuidado del privado en la permanente construcción de una comunidad segura ante las acechanzas de la delincuencia.
En concreto, la ley que desde el 17 de abril establece la construcción del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), junto con los instrumentos convencionales de información sobre incidencia delictiva y procuración de justicia, la app No+Extorsiones del Consejo Ciudadano, que ya ha registrado 179 mil números de celular desde donde se han intentado secuestro digital, fraude o extorsión, así como la denuncia ciudadana que busca la sentencia de presuntos responsables podría ser parte de ese ecosistema, donde estén instituciones como la Condusef, bancos, autoridades hacendarias, UIF, gobiernos, entre otros.
La conformación de entornos seguros es una labor compartida.
Requiere la participación decidida y solidaria de empresas, medios de comunicación, líderes de opinión, plataformas, empresas de ciberseguridad, instituciones educativas.
En el debate está la relación directa del Panaut y lo que pueda probarse de él como variable determinante para reducir secuestro y extorsión. De la misma manera lo está, la relación entre los amparos contra el Padrón, que ciertamente no aportan absolutamente nada —y no es necesariamente su propósito, pero sí su resultado— para fortalecer un ecosistema de seguridad contra esos delitos.
La cultura de la prevención implica una ecuación en apariencia muy simple: ¿con qué cantidad de riesgo queremos vivir? Y después de decidirlo, ¿ayuda la promoción de la desconfianza respecto del Estado o el afinamiento de la ley, en su parte reglamentaria, para el cumplimiento de su propósito declarado, es decir, reducir los delitos?
El Ifetel y el INAI —ambos organismos que no dependen del gobierno, como el INE, que ya usa datos semejantes— prevén que la única información biométrica requerida en el Panaut sea la huella dactilar.
Ya la dejamos en la licencia de conducir, la credencial de elector, el pasaporte, la cédula profesional y en contratos telefónicos. _
* Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de CdMx.
Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres
