Es tiempo de reivindicar nuestros derechos a la privacidad, presunción de inocencia y a la ciberseguridad individual amenazados todos ellos, constantemente, por redes en que junto al odio anónimo transcurre la amenaza de los organismos delictivos o pseudoempresariales de lucrar con nuestros datos personales.
Es un tiempo de cambio de régimen que acerca la probabilidad de respaldar el fortalecimiento del Estado de derecho ante las necesidades ciudadanas y no de corporaciones políticas, grupos de interés o élites globales. Una cultura cívica digital frente al intenso desplazamiento delictivo hacia el mundo de internet, catalizado por casi dos años de pandemia, es la plataforma en construcción de donde debemos partir con base en el derecho positivo vigente.
Los datos personales son el bien más preciado de los individuos desde el marketing y por los delincuentes. Y puede haber ocasiones en que ambos sean la misma cosa eventualmente: “empresas” privadas que venden datos personales.
Nombres, direcciones, números telefónicos, fotografías, videos, antecedentes fiscales, CURP, placas de vehículos, gustos y actividades personales son entregados voluntariamente, o recopilados sin permiso desde nuestra huella digital infinita de un lado; son recopilados, robados y ofrecidos en venta, de otro. El uso ilegítimo e ilegal de esta información en el espacio digital vulnera la seguridad ciudadana.
El derecho a la intimidad y a la privacidad, entendido como la garantía que debe tener toda persona a disfrutar de un ámbito propio y reservado, excluido del conocimiento y de las intromisiones de terceros, es parte de la agenda ciudadana pospandémica.
La Constitución y la Ley Federal de Protección de Datos Personales son la garantía que da certeza de exigibilidad a las personas acerca del buen uso de su información privada, entregada con entera confianza en apps y sitios web.
El uso de robots para recabar información en redes sociales, el web scraping, la venta de bases, su tráfico y alteración son parte de una realidad que debe ser visibilizada y denunciada. Hay un mercado negro y otros gris de venta de datos personales. El Consejo Ciudadano ha detectado, a partir de reportes recibidos en la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, sitios web que ofertan datos personales y que, al venderlos, ponen en peligro la seguridad de la ciudadanía.
En el mejor escenario, esa información quedará en empresas de marketing, muy frecuentemente de abogados por razones diversas, pero en el peor de los casos podría ser empleada para extorsionar, defraudar, secuestrar, robar identidad o incrementar la vulnerabilidad de mujeres víctimas de violencia familiar o sexual al abrir al victimario la posibilidad de ubicarla.
No es un asunto menor. La cadena de hoteles Marriot pagó en Reino Unido más de 124 millones de dólares, y Equifax, en Estados Unidos, 575 millones de dólares por incumplir con la protección de los datos.
China restringe la recopilación de datos personales por parte de redes sociales, ante el aumento de delitos en línea.
Una ciudadanía plena reivindica sus derechos esenciales: privacidad, intimidad y seguridad. Ellos forman parte de una nueva agenda de cibserseguridad que demanda compromiso individual, comunitario e institucional en el cuidado de la joya de la corona.
Salvador Guerrero Chiprés*
@guerrerochipres
*Presidente del Consejo Ciudadano para la seguridad y justicia de ciudad de méxico
