El tráiler donde fallecieron 53 migrantes en San Antonio, Texas, circuló por la carretera interestatal 35, donde hay instaladas 57 unidades con rayos equis y gama, 172 monitores y dos puntos de revisión. Todo bajo control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).
Las investigaciones revelan, por ahora, que las víctimas —mexicanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños— habrían sido recogidas en una casa de seguridad en territorio estadunidense y transportadas en el vehículo que tenía matrícula, logotipos y licencia clonadas.
Clonación y robo. Migración y muerte.
Difícil que algún gobierno sepa en este momento de qué nacionalidad son efectivamente las víctimas, dada la evidencia de uso de identificaciones robadas por parte de quienes tenían la esperanza de una vida mejor y habrían pagado entre 3 mil y 6 mil dólares para llegar al mercado laboral de Estados Unidos.
¿Cómo se fabricó esa documentación y fue imposible detectarla en el país de la seguridad? ¿Cómo pudo el chofer circular sin ser detenido y revisado en el estado con el gobernador más radicalmente antiimigración (en el discurso), Greg Abbott?
Las respuestas a estas preguntas no pueden disociarse de la existencia de un mercado de traficantes de personas que pudiera significar alrededor de 8 mil 500 millones de dólares al año, considerando un precio promedio de gasto de 5 mil dólares y un millón 700 mil indocumentados detenidos en el último año fiscal en la frontera con Estados Unidos.
Testimonios periodísticos, investigaciones académicas —como el informe “Corrupción en la frontera entre Estados Unidos y México” (2020), de David Jancsics, un profesor de la Universidad Estatal de San Diego— y casos judicializados evidencian corrupción de agentes estadunidenses para “facilitar” el tránsito de las y los migrantes.
De acuerdo con datos de la CBP, el año pasado fueron arrestados 250 agentes de la Patrulla Fronteriza. Como ejemplo están dos oficiales acusados de colaborar con grupos dedicados al tráfico de personas y de narcóticos, y que fueron presentados en cortes federales de Texas.
A uno de ellos le pagaban mil dólares cada vez que dejaba pasar un tráiler por la garita de Falfurrias, a cuyo chofer le informaba qué carril utilizar. El otro recibía 400 dólares por cada indocumentado que cruzaba en un retén de la carretera interestatal 35 sin que cuestionara su estatus migratorio; incluso, él mismo llegó a transportarlos.
La impunidad, en cualquier lugar del mundo, favorece la corrupción y permite explicar el relativo éxito de los grupos dedicados al tráfico de personas.
Está pendiente un acuerdo hemisférico sobre migración. Un componente central debería ser un acuerdo sobre visas temporales. La visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos el 12 de julio será oportunidad para impulsarlo en una repercusión positiva del drama y tragedia que viven cientos de miles de personas que buscan trabajo formal y mejores condiciones de vida.
@guerrerochipres
