En la capital nacional hay una determinación ciudadana e institucional de colaborar en el combate contra la corrupción policial. También la hay en lo que respecta a contener, castigar y eliminar el abuso a la mujer policía, tanto por ciudadanos como por compañeros o superiores.
Ambas decisiones forman parte de un ideario y de un programa de gobierno y ciudadano en el que la reivindicación de los derechos a la integridad de las personas y sus bienes, así como la protección respecto a prácticas policiales en las que se mezclan la sexualidad y la corrupción no son aceptables y deben ser sancionadas, por minoritaria que sea su presencia.
Para ello, en el Consejo Ciudadano participamos de manera activa en la Comisión de Honor y Justicia, encabezada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que revisamos y supervisamos la labor de las y los elementos de seguridad. El objetivo es, primero, reconocer el trabajo de los uniformados honestos que, estamos convencidos son la enorme mayoría, y elegir al Policía del Mes.
Para fortalecer este trabajo en julio del año pasado se constituyeron dos comisiones: una directamente integrada por cuatro ciudadanos y tres instituciones —corrupción policial— y la otra por cinco ciudadanos y cuatro instituciones —abuso a la mujer policía por policías— que han contribuido a detonar, con la cooperación del secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real; del titular de la SSC, Omar García Harfuch, y de la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, a desahogar una compleja agenda en que es posible evidenciar tanto la corrupción policial como las probabilidades de denuncia ciudadana.
Han sesionado durante más de un año con el apoyo expreso de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien está decidida a tener la mejor policía del país. El 42 por ciento de los reportes que hemos recibido fue efectuado por las y los propios policías.
Lo anterior implica una notable oportunidad de profundizar y extender un esfuerzo para contribuir al proceso de dignificación y depuración de los organismos policiales, dado que son los propios elementos quienes participan de la provisión de evidencia presentada al pleno que sesiona en el Consejo Ciudadano y que luego es materia de actuación de la Dirección general de Asuntos Internos, de tres fiscalías, y que son reportados al gabinete de seguridad de CdMx. La coordinación es piedra angular.
Por primera vez en la historia de CdMx, hay evidencia de varios aspectos torales de la potencialidad de cooperación entre ciudadanía y autoridad para enfrentar los complejísimos temas, individuales y colectivos, relacionados con la cada vez más acechada y marginada corrupción policial.
Este modelo de intervención con predominancia ciudadana es completamente original de esta capital. A juzgar por la información disponible en la literatura y en internet, ésta puede ser una estrategia de enorme impacto para la eliminación de prácticas sancionables de la vida pública desde lo ciudadano. Y se modela desde una Ciudad de México que es innovadora y de derechos.
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