Para que persista a gran escala el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) y funcione tan exitosamente el mercado negro del carburante debe haber complicidad de los criminales con empleados y funcionarios de la empresa petrolera y de otras dependencias oficiales responsables de seguridad y control.
Al Presidente Andrés Manuel López Obrador le asiente razón cuando afirma que es imposible que el Primer Mandatario en turno no tuviese conocimiento de los negocios turbios que desfalcaron a Pemex incluyendo el huachicoleo, y está obligado a ir a fondo; indagar la responsabilidad de ex presidentes de La República, ex directores de Pemex y ex directores de empresas subsidiarias, la participación de altos funcionarios y empleados así como trabajadores de la Secretaría de Energía y de las corporaciones de seguridad como la Policía Federal.
En las tragedias en que ha estado envuelta Pemex ronda el fantasma del robo y contrabando de combustible; casos tan dolorosos como el 22 de abril de 1992 en Guadalajara dejaron al descubierto la gran corrupción y la recurrente actividad criminal que se realizaba desde entonces. Y aunque Pemex otorgó recursos para intentar amortiguar los graves daños sin haber aceptado su culpabilidad o la de empleados y funcionarios negligentes o corruptos, es claro que los crimínales tuvieron que sacar de los tanques y áreas de almacenamiento millones de litros de gasolina y aventarlos por los ductos al subsuelo con el fin de evitar incurrir en contradicción ante las auditorías a efectuarse, provocando las graves consecuencias que conocemos.
Por el latrocinio y desfalco en Pemex siguen impunes personajes como Emilio Lozoya, implicado en el fraude con la empresa brasileña Odebrecht, y el sempiterno líder sindical Carlos Romero Deschamps, enriquecido en forma ilegítima. Esos malos funcionarios que han saqueado a la nación de ninguna manera pueden ni deben quedar indemnes.
Opinió[email protected] @salvadorcosio1
