El fondo federal para atender los desastres ocasionados por los fenómenos naturales en México, denominado Fondo Nacional de apoyo a Desastres Nacionales (Fonden) está atrapado en el exceso de mañas, burocratismo y prácticas corruptas, y ello genera dilación para que fluyan los recursos financieros destinables a remediar las consecuencias negativas de los huracanes, ciclones, tormentas tropicales, sequías extremas o terremotos.
Se han intensificado los requisitos y trámites ya que lamentablemente ante demasiados actos de corrupción hay acentuamiento de la desconfianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos provocando la necesidad de incorporar muchos trámites engorrosos con el objeto de buscar controlar y mejorar el manejo de los recursos.
Hay mezcla de excesiva regulación, aplicación impropia de normas, manipulación, burocratismo, corrupción y la gran desconfianza social ante las actividades gubernamentales.
De ahí que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado irregularidades y retrasos que persisten en dicho fondo.
Según la ASF hubo irregularidades y retrasos en las obras en el estado de Chiapas con recursos del Fonden que en septiembre del año 2013 se autorizaron para atender los daños ocasionados por el huracán Bárbara en mayo de ese año, se repartieron recursos para apoyar viviendas en adquisición de suelo e introducción de servicios básicos y hay datos de que los habitantes afectados recibieron el apoyo de vivienda hasta finales del año pasado, además que no recibieron los títulos de propiedad.
Los pobladores de la pequeña población pesquera denominada La Gloria, en el municipio de Arriaga, denunciaron en octubre de 2016 las deficiencias en la construcción de 38 viviendas y alertaron que la zona en que se ubican es de alto riesgo. El órgano fiscalizador federal encontró que transcurrieron hasta 317 días desde la fecha acordada para iniciar los trabajos en el predio seleccionado para edificar las casas hasta su fecha de inicio real, también se exhibió que la empresa de supervisión de obras no cumplió con sus obligaciones y no detectó la ejecución de trabajos de mala calidad.
A consecuencia de la revisión de los recursos federales destinados para atender los daños ocasionados por el huracán Odile en Baja California Sur, la ASF solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la de Secretaría de Gobernación fortalecer los mecanismos de supervisión del fondo, sugiriéndose también evaluar la posibilidad de modificar las reglas a fin de que las obras se cumplan en el plazo establecido.
En el estado de Guerrero se destinó una bolsa millonaria para reconstruir la infraestructura de comunicación y transportes, hidráulica, educativa, urbana, de salud y vivienda afectada por los sismos y lluvias severas ocurridas en 2011, 2012 y 2013. En una auditoría la ASF encontró que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) inició obras y acciones en Guerrero con atrasos de hasta 119 días con relación a la fecha de aprobación de recursos. La dependencia no comprobó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos y no acreditó que las viviendas fueron entregadas por el contratista a la dependencia en la fecha estipulada. En la Comisión Nacional del Agua (Conagua), funcionarios tramitaron recursos para apoyos inmediatos por 158 millones de pesos, pero no ejercieron el 61.6% en los 30 días posteriores al evento, por esa razón se solicitó al Órgano Interno de Control de la Conagua realizar las investigaciones a fin de iniciar un procedimiento administrativo por las omisiones en las que incurrieron los servidores públicos.
El acuerdo por el que se creó el Fonden establece que “la atención debe ser oportuna, efectiva y eficiente” pero es obvio que en realidad no es así y desde su creación a finales de la década de los noventa, las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno se han quejado que la ayuda nunca se recibe de manera inmediata y no se advierte que en un plazo corto vaya a cambiar esa situación por más que el Presidente Peña Nieto haya ofrecido recientemente que habrán de revisarse las reglas a efecto de encontrar cómo se agilicen los procesos para atender las necesidades urgentes, no hay una respuesta contundente.
Lo cierto es que además de la pérdida de sus viviendas y, en algunos casos de sus familiares, los damnificados se enfrentan a los vicios de la excesiva burocracia y la corrupción o malas prácticas gubernamentales para recibir apoyos y es imperativo encontrar la forma en que se pueda facilitar los trámites sin perder control más evitando excesivo burocratismo y proclividad a la corrupción, asunto que parece un enorme reto difícil de lograr en un país como el nuestro en el que la corrupción e impunidad son el mayor cáncer.
Pero además del lucro económico de muchos inmorales mercaderes, el otro gran y grave problema es sin duda el lucro socio político que obtienen políticos que mezquinos y cuál apestosos buitres engordan tanto su patrimonio económico como su capacidad de manipulación electorera de los más vulnerables y eso debe ya terminar.
@salvadocosio1
