Por décadas, el futbol mexicano ha sido un terreno fértil para la emoción, el arraigo popular y, lamentablemente, también para las decisiones cupulares disfrazadas de reformas. Lo ocurrido esta semana en la Cámara de Diputados, donde Alberto Castellanos —presidente de Leones Negros— denunció presiones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para impedir el regreso del ascenso y descenso, confirma que el balón ya no solo rueda en las canchas: ahora también se disputa en el ámbito político.
Castellanos no fue con rodeos: expuso que la FMF ha recurrido a represalias como la retención de recursos y la apertura de expedientes disciplinarios, solo por el hecho de exigir el cumplimiento de un laudo internacional emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El dictamen establece con claridad que, tras seis temporadas de pausa, el sistema de ascenso y descenso debe reactivarse. La respuesta de la Federación ha sido el silencio institucional y las maniobras dilatorias, en una muestra clara de cerrazón y opacidad.
Más allá del conflicto legal, lo que está en juego es la legitimidad deportiva de una liga que presume profesionalismo, pero actúa con criterios de exclusión. Cancelar el ascenso no solo afecta a clubes como Leones Negros o Atlante, sino que destruye la pirámide de oportunidades para miles de jóvenes futbolistas en formación. Lo expresado por Castellanos ante los legisladores deja claro que este no es un tema administrativo, sino una causa con impacto social profundo.
La intervención del Congreso de la Unión, convocando a Mikel Arriola e Ivar Sisniega para que expliquen la negativa a cumplir con el laudo, no representa una intrusión en el ámbito deportivo, sino una obligación institucional frente a un conflicto que ya excede lo meramente federativo. Cuando los órganos privados fallan en su deber de transparencia, el Estado debe garantizar condiciones de equidad y respeto a los acuerdos internacionales.
La FMF ha diseñado un modelo que beneficia a unos cuantos clubes con licencia y castiga a quienes han invertido en cantera, estructura y comunidad. La suspensión del ascenso se justificó como un proceso para fortalecer a la Liga de Expansión, pero esa pausa indefinida ha derivado en el debilitamiento del sistema y en la pérdida de competitividad generalizada. Un ecosistema deportivo que margina el mérito está condenado al estancamiento.
En el contexto del Mundial de 2026, la falta de ascenso y descenso proyecta una imagen de cerrazón ante la comunidad internacional. México, como país anfitrión, tiene la responsabilidad de mostrar un modelo deportivo justo, competitivo y transparente. La diputada Paola Longoria dejó en claro que el Congreso no permitirá que se mantenga una estructura que limita el desarrollo del futbol mexicano y de su base social.
El retorno del ascenso no es solo una exigencia jurídica o económica; es una demanda ética. Representa la posibilidad de construir un deporte que premie el esfuerzo, respete las trayectorias y abra caminos reales para quienes hoy están en el llano. Reprimir a los que alzan la voz solo profundiza la crisis institucional del futbol mexicano y normaliza las prácticas autoritarias dentro de su estructura.
Millones de aficionados, jugadores y trabajadores del futbol exigen respuestas. No buscan privilegios ni favores, sino certezas. Y en ese reclamo legítimo, la FMF ya no puede permanecer al margen. El Congreso ha puesto el balón en el centro del debate. Corresponde a la Federación decidir si sigue pateando el problema hacia adelante o si por fin enfrenta su responsabilidad con la altura que el deporte nacional merece.
