El próximo viernes 27 de mayo, 18 aspirantes a presidir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), serán sometidas a un examen de conocimientos elaborado por un grupo de especialistas coordinado por el Consejo Consultivo del ITEI (CCItei), organismo honorífico, de carácter representativo social, ciudadano y académico.
El examen es el primer filtro al cargo, luego vendrá la verificación de requisitos de elegibilidad por parte del CCItei, para pasar la estafeta del proceso al Congreso del Estado a más tardar el 3 de junio.
Al Congreso de Estado se le ha propuesto incorporar otros elementos que abonen a mejorar el proceso de elección-designación, pero diputadas y diputados se han resistido a la presentación de un plan de trabajo y una entrevista pública con carácter vinculante. Reducir el primer filtro a sólo conocimientos mediante un examen de conocimientos no permite conocer públicamente qué ofrecen y sobre todo quiénes aspiran al cargo. Por otra parte, se ha planteado que el voto en la elección-designación no sea por cédula (voto secreto). ¿Por qué la resistencia?
El argumento que arguyen públicamente, comprensible, es que se menoscaba su facultad de elección al quedar condicionados a esos elementos, como la entrevista; y en cuanto al voto por cédula, señalan que es parte de la norma cuando se trata de elección de personas, y al votar así, por cédula, da mayor libertad (al no exponerse) a cada legislador y legisladora.
Sin embargo, las y los diputados al negarse a vincular la entrevista al proceso (al menos ahora la incorporaron, pero sin carácter vinculante), cierran puertas para allegarse de elementos para tomar una mejor decisión; y en cuanto al voto por cédula (secreto) propician el ocultamiento de la responsabilidad personal sobre asuntos públicos.
En el fondo, inconfesable, la resistencia estiba en que con más elementos abiertos y públicos en el proceso de elección-designación se reduce el margen de negociación secreta, oculta, a puerta cerrada; aunado a ello, rechazan elementos que podrían legitimar sus decisiones; pero sobre todo, niegan a la comunidad, a quienes representan, la posibilidad de conocer a quiénes y por qué estarán al frente de un organismo para garantizarles derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.
Rubén AlonsoTwitter: @jrubenalonsog
