Con la publicación y entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica el pasado 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, se abrió el periodo para armonizar leyes generales y secundarias impactadas, que tiene como límite el 21 de marzo próximo. En el caso de la garantía de derechos fundamentales como acceso a la información y protección de datos personales, están sus respectivas leyes generales, con las cuales se deberá armar un rompecabezas que armonice las obligaciones de todos los sujetos obligados.
Es un proceso delicado, pues los principios constitucionales para garantizar los derechos fundamentales en juego (acceso a la información y protección de datos personales), así como las obligaciones de transparencia (garantizar el acceso a información mediante la atención de solicitudes y publicación de información) y rendición de cuentas (registrar todos los actos de autoridad, por ejemplo), requerirán considerar y partir desde las condiciones y realidades de nuestro sistema político y de gobierno, es decir, desde los municipios, los estados y la administración federal.
Al perder un órgano autónomo de estado, el INAI, y con él el Sistema Nacional de Transparencia, el ejercicio de un derecho común, que nos iguala a todos para su garantía y ejercicio, ahora queda fragmentado. Las competencias de cada orden de gobierno y entidad sujeta a la ley harán, si no imposible, sí difícil y complicado, contar con lineamientos y criterios comunes necesarios para el ejercicio de derechos.
El pasado 31 de diciembre se publicó el reglamento interior de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la Administración federal, que, con base en la reforma constitucional, como órgano interno de control, asumirá funciones para atender recursos de revisión sobre solicitudes a través de una Dirección General de Transparencia, que concentrará además las atribuciones de Unidad de Transparencia, atención de solicitudes y las del Comité de Transparencia. Este último, además, llevará los programas de capacitación.
Con ello se prefigura un esquema y estructura atomizado y desarticulado en el Gobierno federal, replicables en todas las secretarías federales, con el riesgo de que se incorporen en la Ley General, aplicables a los estados y municipios. Por cierto, se centra la atención sólo en solicitudes, desapareciendo el brazo fundamental de la transparencia activa: publicación de información fundamental.
Si bien no se anularon los principios y bases del derecho de acceso a la información en la Constitución, la Ley General que se diseñe podrá resultar una herramienta nugatoria de esos principios y bases.
La nueva secretaría federal se adelantó a la armonización de la Ley General, pero mientras esta no se concrete, está la oportunidad de que las “competencias” que establezcan a los órganos internos de control ofrezcan espacios de libertad y autonomía a los estados para configurar sus propios mecanismos.
