El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene sus días contados. A su existencia, en principio, le restan 60 días de vida. En tanto, a los 32 órganos locales garantes, entre ellos el ITEI, tendrán 90 días extras de existencia, por ahora, por lo que su sepelio será el 19 de junio próximo, con base en la reforma al 6° constitucional.
Desaparecen los órganos garantes, pero no los derechos fundamentales, que ahora quedan en manos de los sujetos obligados su garantía y protección; y se abren dos rutas a seguir:
1. Diseñar modelos nuevos que garanticen, promuevan y protejan esos derechos. Una tarea impostergable, sobre la cual los sujetos obligados, en particular el Legislativo, no pueden pecar de indolencia dejando al cuarto para las doce su responsabilidad.
El nuevo modelo de garantía, promoción y protección del derecho de acceso a la información pública y datos personales en posesión de sujetos obligados tendrá que construirse desde los estados (como hace 25 años), pero deberá realizarse desde los sujetos de los derechos; los sujetos obligados no pueden hacerlo solos, menos a puerta cerrada y de espaldas de los sujetos de los derechos. De suceder esto último, sería una afrenta y traición a los sujetos de los derechos.
El nuevo modelo debe surgir desde los sujetos de derechos y en labor colaborativa con sujetos obligados, como lo ha hecho Jalisco en otros momentos, y que ha redituado en avances y legitimación (que votos no da) en el ejercicio del poder público.
2. Mientras se diseña, construye y entra en operación un nuevo modelo local para el ejercicio de estos derechos, si no se toman las previsiones responsables a tiempo, se abrirá un periodo de impasse para ejercer derechos libremente. Se abrirá un periodo en que se conculquen operativamente los principios del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, así como la obligación de garantía y protección desde los sujetos obligados.
Veamos cómo, actualmente, sujetos obligados en entidades federativas y en Jalisco han dejado de “alimentar” la Plataforma Nacional de Transparencia, de actualizar la información fundamental en sus sitios de transparencia, y ser indiferentes en la atención de solicitudes de información, pues sobre el INAI y el ITEI, esgrimen, “van a desaparecer”.
Ante esto, alguien, y es responsabilidad primaria (no exclusiva) de los aún existentes órganos garantes, deben diseñar y poner a disposición un mecanismo de transición para que los sujetos obligados garanticen y protejan estos derechos en tanto se confecciona y entra en operación un nuevo modelo de acceso a la información. Dejarlo a la deriva y a la voluntad de cada sujeto obligado alimentaría incertidumbre en el periodo de transición que se avecina. No prever lo anterior sería indolencia.
