El desprecio a los ciudadanos es uno de los sellos que más caracterizan a los países poco desarrollados.
Los gobernantes pretextan siempre que los dineros del erario no alcanzan para proveer los bienes públicos que necesita la población y, en efecto, las finanzas gubernamentales suelen guardar un estado desastroso en esas naciones, ya sea por la pobrísima eficacia recaudatoria, por el mal manejo de los presupuestos, por el derroche de los escasos recursos en proyectos absurdos e improductivos o por la deletérea persistencia de la madre de todas las plagas, a saber, la corrupción.
Resolver parecida cuadratura del círculo es muy complicado y, a nivel mundial, son poquísimos los países que han podido dar el salto cualitativo para compararse siquiera de manera lejana, digamos, con la socorrida Dinamarca o cualesquiera de los territorios de la muy civilizada Escandinavia.
Pero, miren ustedes, la piedra en el camino es ese referido desprecio de los gobernantes hacia sus connacionales, un proceder cuyas raíces se sitúan en una primigenia desestimación de valores como el bien común y que prospera, a la vez, al no existir posteriormente ninguna rendición de cuentas.
Estamos hablando de una primera interiorización de principios de orden moral en la persona y, cuando no se haya consumado plenamente ese proceso, de que los comportamientos puedan ser regulados por el deber de rendir cuentas.
Ese acatamiento de responsabilidades no ocurre de manera espontánea sino que resulta del imperio indiscutible de las leyes: el individuo (el funcionario, en este caso) puede tal vez ser desobediente o desobligado de origen pero, confrontado a todo un arsenal de sanciones, si decidiera convertirse en un infractor no le queda otra opción que alinearse.
Estas reflexiones, un tanto farragosas, vienen a cuento luego de una simple experiencia ciudadana: recorriendo las calles de la capital de todos los mexicanos, este escribidor las encuentra desmesuradamente sucias y con una descomunal cantidad de baches. Se siente entonces despreciado por los encargados de la cosa pública. Y ni hablar de temas mucho más apremiantes como los secuestros, las extorsiones o los asesinatos en todo el territorio nacional. Pero, justamente, ¿rinden cuentas los primerísimos responsables de todo esto? No. Y así estamos…
